Domingo, 22 Octubre 2017
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Por Cecilia Rodríguez González-Rubio
Presidenta de Catorce6

El crecimiento verde es un concepto intangible, transversal a todas las dimensiones de la vida, que se traduce en la práctica en regulaciones que impulsan o detienen a las empresas, los ciudadanos y al Estado. Debido a que son tantos los posibles frentes, es muy acertado que salga del DNP esta política transversal a todos los sectores.

Sin embargo los Ministerios de Minas, Agricultura, Vivienda, TIC y Ambiente, y las Comisiones de Regulación de Agua y Energía, saben perfectamente hacia dónde deben avanzar en sus respectivos sectores. El país requiere diversificar su matriz energética y ampliar la proporción de renovables no-convencionales; debe racionalizar el uso de agua y suelo agrícola y urbano; avanzar en los alcantarillados y su tratamiento; en reciclaje y aprovechamiento de basuras, en logística para un menor uso de recursos incluyendo TICs, en coprocesamiento de residuos peligrosos y en sistemas más eficientes para su eliminación y tratamiento, y así muchos frentes más de gran urgencia.

Es la falta de decisión de cada Ministro la razón por la cual casi a fines de este gobierno, que el crecimiento verde no se ha materializado. Fue taxativamente incluido en el Plan de Desarrollo 2014-2018 y por ejemplo en el caso de las energías renovables no-convencionales la reglamentación tiene obstáculos de procedimiento que muestran con claridad la influencia de grupos de interés. Exactamente igual ocurre con el reciclaje de residuos domiciliarios. Es evidente la influencia en la Comisión de Regulación de Agua y Aseo que protege el vergonzoso statu quo, frente a tantos países que tienen modelos excelentes de donde aprender. Otro caso crítico es el sector que tiene del cuello al gobierno, el transportador. Debe modernizar el parque automotor para menores emisiones y mayores eficiencias, así como aceptar la llegada de TICs que permite un uso mucho más eficiente de esos activos en el país. El camino ha sido prohibir para quedar en el atraso y no tener que enfrentar el desafío de nuevas regulaciones para una nueva economía.

Ahora el gobierno presenta la Misión de Crecimiento Verde, quizá con la intención de que sea una instancia para lograr consensos, pero no son alentadoras las esperanzas. Cada grupo de interés seguirá empujando a su favor y los resultados de un gobierno no pueden ser los de los actores que más empujen. Desde el 7 de agosto de 2010 el Presidente Santos hizo un compromiso con el planeta y los avances en lo sectorial-ambiental son pírricos. ¿Será el miedo a estos fuertes grupos de interés lo que disuade a los funcionarios públicos encargados? o quizá la corrupción? No se trata de atropellar con cambios abruptos a los actores económicos de los sectores que deben avanzar, sino de invitarlos a nuevas avenidas de crecimiento y a abandonar viejas que resultan lesivas, con estímulos y restricciones. Los cambios de comportamiento de los ciudadanos en una sociedad, son más fáciles si los anteceden avances en la regulación y cambios en los actores económicos.

Este es el eje del atraso de nuestro país en lo ambiental. La Misión de Crecimiento Verde, si se llena de retórica sobre cambios culturales necesarios y DNP no impone avances regulatorios, se quedará en los anaqueles, el dinero desperdiciado y el país con un modelo de desarrollo ineficiente, despilfarrador de recursos naturales, extractivo, con poco valor agregado.

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