Según expertos, Colombia tendrá que ser implacable en la regulación de sus normas medioambientales para que el TLC no le salga caro a la biodiversidad del país y a su propiedad intelectual. Esta tarea requiere del trabajo conjunto entre las autoridades ambientales y los sectores productivos.
JULIANA MUÑOZ / PARA CATORCE6
El 2012 es el año de la implementación del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos. Después de casi una década trabajando sobre el papel, es ahora cuando comienza el proceso de identificación entre las aduanas y las autoridades de comercio, sanitarias y de ambiente. Además, se pondrá a prueba la solidez de las instituciones nacionales para vigilar y responder con una legislación de calidad.
Los asuntos ambientales merecieron un capítulo especial en el Tratado, buscando promover la utilización óptima de recursos naturales de acuerdo con el desarrollo sostenible y fortalecer el vínculo entre lo comercial y ambiental. La esencia de las exigencias ambientales del TLC radica en que los participantes tienen la obligación de hacer cumplir sus propias leyes en la materia para garantizar altos niveles de protección ambiental.
Una de las consideraciones más importantes para Colombia fue la protección de la biodiversidad del país, especialmente de los recursos naturales no renovables por su gran atractivo para las empresas extranjeras. Según Claudia Mora, quien era viceministra de Medio Ambiente cuando iniciaron las negociaciones, “nos preparamos internamente con una legislación adecuada para sentarnos en una mesa con la otra parte en igualdad de condiciones, con estándares altos y sanciones ejemplarizantes”. Las principales acciones para prepararse ante el TLC fueron la expedición de la Ley Sancionatoria Ambiental, la actualización del decreto sobre el control de emisiones atmosféricas usando estándares internacionales y la expedición de la Política de Gestión Integral de Recurso Hídrico.
Según Manuel Rodríguez Becerra, primer exministro de Ambiente y actualmente consultor internacional en política ambiental, “hay que evitar el dumping ambiental, o que haya ventajas competitivas a favor del país con una legislación muy laxa”.
Para Rodríguez, una buena parte del éxito del TLC va a depender de la capacidad institucional para generar normas de calidad y para hacerlas cumplir. También llama la atención sobre el sector agrícola, al que, según dice, le falta mayor gestión ambiental: “los ambientalistas han indicado que el TLC puede afectar la seguridad alimentaria y que va en detrimento de la producción campesina. Claro que el actual Gobierno anunció el fortalecimiento de la economía campesina”. Ricardo Torres Carrasco, exdirector de Desarrollo Rural Sostenible del Departamento Nacional de Planeación, tampoco ve un panorama muy alentador. “Las Corporaciones Autónomas Regionales no tienen la suficiente capacidad técnica y el recurso humano suficiente para ejercer su función de control ambiental acorde con la normatividad”. Para él, un adecuado cumplimiento de la normatividad ambiental requiere del trabajo conjunto entre las autoridades ambientales y los sectores productivos.
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL, CLAVES PARA LA TRADICIÓN Y LA BIODIVERSIDAD
En el acuerdo del TLC entre EE. UU. y Colombia se consigna la importancia de la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica. Esto incluye plantas, animales y hábitats. También se menciona el respeto por los conocimientos tradicionales, las prácticas de las comunidades indígenas y otras, promoviendo la participación y la consulta pública. Es la primera vez que Estados Unidos acepta incluir en un acuerdo de libre comercio la importancia de la conservación y uso sostenible de la biodiversidad, y de la contribución que las comunidades tradicionales aporten para su preservación.
Sin embargo, este es uno de los pocos países que no es miembro del Convenio sobre la Diversidad Biológica, CDB, mientras Colombia sí. El CDB establece los principios básicos acordados internacionalmente sobre conservación, uso sostenible y distribución equitativa de los beneficios derivados del uso de los recursos genéticos. Para Colombia fue importante establecer esos principios para regular las relaciones de los dos países en esas materias.
En el libro ‘Movimientos sociales, biodiversidad y libre comercio en la Amazonía’, el profesor Alejandro Chaparro asegura que “la protección del conocimiento tradicional tiene que ver con el interés económico común, con la equidad, la defensa de la seguridad alimentaria, la cultura y el medio ambiente, así como el desarrollo y la coherencia entre la legislación internacional y nacional”.
El problema, según explica, es que en el acuerdo se confunde el concepto de patentes con el de conocimientos tradicionales, cuando los países subdesarrollados han defendido que el conocimiento tradicional debe tener un sistema sui generis de protección. “El puente de unión entre biodiversidad y TLC está constituido por los derechos de propiedad intelectual, en particular por la posición ofensiva norteamericana en torno a las patentes de plantas y animales y a su negativa a frenar la biopiratería y reconocer los derechos de las comunidades locales sobre el conocimiento tradicional”, critica Chaparro.
Además, de acuerdo con el profesor, si se desconocen los derechos de patentes de los países en cuyas fronteras están localizados los recursos genéticos existe el riesgo de apropiación de la diversidad y el uso ilegal del conocimiento tradicional a favor de las corporaciones multinacionales y los centros de investigación de los países desarrollados. Para Chaparro es necesaria la “construcción de comunidades académicas fuertes y con recursos económicos importantes para realizar investigación científica del más alto nivel (…) y que reconozcan los derechos de las comunidades locales sobre el conocimiento tradicional”.
Por su parte, Ricardo Torres, quien además fue partícipe de las negociaciones del TLC con Estados Unidos, la falta de claridad sobre la propiedad intelectual de los recursos genéticos puede dar lugar al reclamo de los derechos de una invención patentable y los recursos que sirvieron de base, lo cual es una forma frecuente de biopiratería.
Según Torres, un avance significativo del TLC en cuanto a recursos genéticos es que contiene los elementos básicos de un sistema de acceso a los recursos genéticos: la obtención del consentimiento informado previo de la autoridad nacional competente del país de origen, celebrar contratos que reflejen los términos acordados, la distribución equitativa de los beneficios derivados del uso de los recursos genéticos, la promoción de la calidad del examen de las patentes y la cooperación para compartir información relacionada con la patentabilidad de invenciones basadas en recursos genéticos y conocimientos tradicionales.
“El reto es fortalecer una capacidad nacional para administrar este régimen y para hacer cumplir sus términos y condiciones. Para esto es esencial desarrollar, actualizar y mejorar el marco normativo nacional y dar mayor capacidad a la autoridad nacional para cumplir estas funciones”, concluye.
GREMIOS DEBEN PENSAR EN CONDICIONES LOCALES
El éxito del cumplimiento de las exigencias ambientales no solo depende de los estados, sino también de los gre- OTRAS EXIGENCIAS AMBIENTALES DEL TLC
•Estimular el desarrollo de mecanismos que faciliten la acción voluntaria para proteger o mejorar el medio ambiente como asociaciones, intercambio voluntario de información y experiencias entre autoridades sobre métodos para alcanzar alta protección ambiental, reportes ambientales, uso eficiente de recursos, monitoreo ambiental, etc.
•Usar incentivos como el reconocimiento público de instalaciones o empresas que demuestren ser superiores en desempeño ambiental.
•Es inapropiado promover el comercio o inversión mediante el debilitamiento de la legislación ambiental.
No se puede interferir con la legislación de la otra parte.
•Los interesados pueden solicitar a las autoridades competentes que investiguen supuestas infracciones a su legislación ambiental. Cada país establecerá las sanciones o reparaciones a las infracciones de sus normas.
•Crear el Consejo de Asuntos Ambientales, el cual presentará informes periódicos a la Comisión de Libre Comercio sobre la implementación de este capítulo y discutirá la implementación del Acuerdo de Cooperación Ambiental. Las áreas de cooperación también tendrán que conseguir apoyo para el desarrollo de programas nacionales en cuanto a protección de la biodiversidad, entre otros. • El Comité Nacional Asesor estará conformado por personas con experiencia en comercio y asuntos ambientales que darán su opinión sobre asuntos ambientales.
De acuerdo con Ricardo Torres, actual director de Planeación y Desarrollo Sectorial de Fedepalma, “los gremios deben promover entre sus afiliados la adopción de modelos de sostenibilidad teniendo en cuenta referentes internacionales, pero desarrollando estrategias de implementación que tengan en cuenta las condiciones locales”. El modelo de Fedepalma, por ejemplo, promueve en el sector palmero colombiano la referencia a la Mesa Redonda de Aceite de Palma Sostenible (RSPO por sus siglas en inglés), el estándar internacional más conocido y estricto para el cultivo de palma de aceite y su beneficio.
Así mismo, Fedepalma espera dar inicio este año a un proyecto financiado por el Fondo Mundial Ambiental de Naciones Unidas para la implementación de pilotos en la identificación y cierre de brechas en núcleos palmeros hacia la certificación RSPO.
Otros sectores productivos también incluyen en sus programas de responsabilidad social el tema de medio ambiente como una de sus prioridades. Por ejemplo, la Asociación Colombiana de Exportadores de Flores (Asocolflores) creó el Sistema de Certificación Florverde para ayudar a los productores a que las flores que certifican bajo este sello sean producidas bajo altos estándares ambientales y sociales. Para esto se vale de evaluaciones de organismos de certificación independientes y acreditados internacionalmente.
Por su parte, la Fundación Social de Unibán, exportadora de banano y plátano de Colombia, está enfocada en mejorar la calidad de vida de los trabajadores de la región, principalmente de Urabá y el departamento del Magdalena. En el marco del Tratado de Libre Comercio esto implica la participación comunitaria, la autogestión y la gestión local; es decir, fortalecería la competitividad de las regiones bananeras de cara a la entrada en el mercado internacional.
Claudia Mora, hoy en día socia y asesora en temas ambientales de la firma de abogados Pinilla, González y Prieto, asegura que los gremios deben incorporar este aspecto en las políticas empresariales desde el más alto nivel, y no tener un pequeño departamento de cumplimiento ambiental: “debe estar en todos los procesos de producción y en las relaciones con los contratistas. Hay que ir más allá de la norma y que los principios ambientales sean cumplidos de manera voluntaria”.
