Las zonas andina y caribe de Colombia están altamente deforestadas fruto del comercio de la madera, de la ganadería, la agricultura, de distintos momentos de nuestro desarrollo, y también del interés por demostrar que las tierras estaban siendo “trabajadas” para evitar su expropiación como pasó en la primera mitad del siglo XX. Desde entonces los gobiernos han expedido muchas normas, entre las más relevantes están la ley 2da de 1959 que declaró las zonas de reserva forestal, el Código de Recursos Naturales expedido en 1974 y la ley 99 de 1993. Muy a pesar de todas estas normas y las regulaciones posteriores no han logrado un mejoramiento efectivo de las coberturas boscosas.
Este es quizá uno de los más importantes desafíos en materia ambiental en el país. Hoy es claro que están las posibilidades de lograr buenos niveles de protección ambiental con aprovechamientos sostenibles asociados. Estos proyectos se les incorporan las mediciones que pueden asegurar sus resultados a partir del alto nivel de los estudios ambientales que hoy se realizan. Asi podriamos empezar a superar las barreras que tienen estancadas las estadísticas de coberturas boscosas.
La arquitectura institucional del Sistema Nacional Ambiental, es una oportunidad y al mismo tiempo la principal barrera para mejorar esta situación, porque aquí confluyen tantos actores institucionales, comunitarios, empresariales, académicos y sociales. Desde los municipios hay recursos con base en los dispuesto en la ley 99 en su artículo 111 que prioriza el propósito de asegurar las cuencas abastecedoras de acueductos. También de las Corporaciones Autónomas Regionales en el artículo 108 podría contarse con recursos. De igual manera están las compensaciones establecidas a las empresas o entidades públicas en el marco de las licencias ambientales, que con una priorización y coordinación de las autoridades ambientales, podría avanzarse en el propósito de mejorar las coberturas boscosas.
Es plenamente factible establecer actividades o proyectos que combinen la conservación ambiental con el aprovechamiento sostenible, que generen fuentes de pago que viabilicen créditos del sistema financiero e interés de inversionistas, sobre la base de mediciones rigurosas de los servicios ambientales. De esta manera no habría que fondear con recursos públicos el CIF de conservación en épocas de crisis fiscal. También es necesario dar claridad y brindar seguridad jurídica, aun para los pequeños propietarios, porque el imaginario de expropiación aún prevalece y resulta una barrera para contar con más campesinos alrededor de este propósito.
El Congreso Forestal que se llevará a cabo en Bogotá del 8 al 10 de noviembre, que permitirá el intercambio de conocimientos de diversos países, es una oportunidad para producir las propuestas que viabilicen la totalidad del sistema forestal en Colombia.
