Por Cecilia Rodríguez González-Rubio
Presidenta de Catorce6
Parece que ha llegado el momento en que finalmente saldrá airoso del Congreso de la República un proyecto de ley que reforma las Corporaciones Autónomas Regionales. Ya le falta poco y tal como dicen muchos, quizá el ambiente que generaron las marchas puede estar ayudando. Los autores del proyecto son reconocidos expertos en la materia pero también en la dinámica política alrededor de estas, que tan graves consecuencias le ha traído al SINA.
El proyecto comprende mecanismos para imponer la rendición de cuentas, la transparencia en la contratación, el cumplimiento de sus planes cuatrienales, así como para evitar que directores y miembros de los Consejos Directivos se atornillen en sus posiciones. Pero también endurece requisitos para quienes quieran candidatizarse a la dirección de estas entidades.
Los resultados esperados en 1993 con el bien pensado diseño de las CAR y de las buenas intenciones de la estructura de los Consejos Directivos, los malogró la dinámica política regional. Al incorporar masivamente a los alcaldes, fue grave haber desconocido el sistema de clientelas entre alcaldes, concejales y contralores municipales conectados con gobernadores y congresistas, y que este podía contagiarse al mundo de las organizaciones sociales y ONG. El balance después de 26 años no es halagüeño.
El proyecto no excluye a los alcaldes de los Consejos Directivos, porque sin duda tiene sentido que ellos estén presentes en la autoridad responsable del ordenamiento superior del territorio. El riesgo entonces es que continúe la presión a los directores por complacer a los municipios representados en el Consejo, en detrimento de los desafíos ambientales principales de la jurisdicción. Una reforma no puede pretender cambiar el sistema de clientelas regionales pero sí puede diseñar los esquemas que no vuelvan a las entidades y sus presupuestos, rehenes del sistema. Con el proyecto de ley esto se busca de manera indirecta a través de la rendición de cuentas, esperando que los ciudadanos sean quienes reclamen si la solución a un gran problema ambiental queda subordinado a otros problemas quizá de menor importancia. La historia de la cantidad parques y arborizaciones urbanas realizadas por las CAR, no ha sido precisamente el ejemplo de gestión ambiental eficiente.
La adopción de pliegos tipo para la contratación podría ser que sea el mecanismo de mayor eficacia contra las acusaciones de amiguismos y utilización de ‘pliegos sastre’ en estas entidades que cada vez resultan más apetecidas por la politiquería regional. El presupuesto de las CAR creció de manera significativa con la actualización catastral que abordó el gobierno nacional hace más de 10 años, pero no ha gozado el país de una constructiva evaluación de resultados que permita a los ciudadanos comprender mejor la función de sus autoridades ambientales.
El reconocimiento de los ciudadanos y la confianza en su gestión es el propósito superior que deben buscar todos los líderes relacionados con el Sistema Nacional Ambiental. Debemos responderle a los jóvenes, a sus requerimientos y expectativas, de manera transparente y eficaz.
