Presidenta

No me es posible incluir todas las per­versidades, pero la lista de las que quedaron en evidencia en Copenhague es el verdadero mundo al revés.

Los países más proactivos en la lucha contra el calentamiento global, cuyos go­biernos, empresas y ciudadanos han asumido costos, terminaron en Copenhague margina­dos, y con poca influencia. Pero, además, ter­minaron cuestionados por los grupos de ONG y la prensa. Ser consciente de los intereses colectivos puede no pagar. Quizá terminaron marginados por su actitud de arroparse con la misma cobija entre los países desarrollados y no cuestionarse públicamente, cuando ha­berlo hecho por los altos intereses de la hu­manidad no hubiera tenido nada de malo.

China, en una actitud que desprecia la inteligencia y el comportamiento ético de países serios, se niega a las verificaciones para medir la reducción de emisiones. Como si en todo el mundo no se conociera la costumbre de su Estado de manipular la información. ¿Luego quién les va a creer que han cumpli­do con los compromisos globales? En reali­dad, tristemente, es posible que el vivo viva del bobo.

Los jóvenes del mundo, especialmente los de los países desarrollados, realizan con­ciertos y protestan para pedir compromiso de los gobernantes, pero ¿dónde está el cam­bio en su comportamiento hacia un consu­mo racional? ¿Por qué las áreas de mercadeo de los grandes fabricantes no logran reducir sus empaques y racionalizar sus productos y servicios? Estudios recientes de psicología del consumidor así lo confirman. Los jóvenes, así como los mayores también tienen creen­cias anticuadas y antiambientales. Ellos que podrían tener creencias menos manipuladas que los demás, todavía creen que un empa­que grande y vistoso refleja un mejor produc­to, que los pitillos les evitan las bacterias del vaso, que cargar una botella plástica de agua y movilizarse solo en carro y no en transporte público son señales de “clase”, y otras tantas creencias que contribuyen con el calenta­miento global. Los fabricantes inmersos en una fuerte competencia requieren de decisio­nes impuestas por los estados además de su responsabilidad social. De lo contrario, mue­ren en el mercado si se ponen solo de cons­cientes a suprimir los elementos que invitan a los consumidores a comprar sus productos, y que buena parte son antiambientales.

Quizás la esquizofrenia más grande frente al calentamiento global es la de los consumidores o ciudadanos del mundo, ¿será que a la mayoría no le importa ni cree que este le va afectar? Entonces, sí les toca a los gobiernos imponer normas que obliguen a un doloroso cambio de patrones en el con­sumo y la producción, pero muy pocos go­bernantes del mundo actual quieren asumir el costo político.

Nota: Enhorabuena el Ministerio de Am­biente expidió una Política de Producción y Consumo Sostenible, y que tenga el carácter de empezar a imponerla.

Director

A tres meses de las elecciones presidencia­les, en medio de catástrofes ambientales nacionales y globales, amenaza del cambio cli­mático y una enorme incertidumbre por la suer­te del Planeta, resulta increíble la escasa oferta de propuestas verdes de los candidatos. A lo sumo, de eso han hablado dos y, por supuesto, los te­nores del Partido Verde, que lo único ambiental y concreto que han presentado es el nombre de su colectividad. Por su parte, Gustavo Petro y Sergio Fajardo, como si se hubiesen puesto de acuerdo, han propuesto lo mismo: regresar el Ministerio de Ambiente a la estructura anterior al año 2002, que lo separa de los temas de vivienda.

Antes, los asuntos del ordenamiento del territorio eran competencia del Ministerio de De­sarrollo, que además de la política de vivienda se ocupaba del diseño del servicio de agua potable y el saneamiento básico, es decir, el manejo de las basuras, el alcantarillado, entre otros. Uno de los candidatos afirmó que no se deberían mezclar los temas de vivienda con el ambiente, cuando en el mundo los problemas del hábitat empie­zan a ser considerados con una visión integral lo que permitirá una mejor ocupación del territorio, unas viviendas y ciudades amables y verdes, un mejor aprovechamiento de los recursos, una cla­ra visión de ahorro y uso eficiente de la energía, el agua, los combustibles. Tal vez lo que les pre­ocupa es que el Ministro del Ambiente ande por todo el país repartiendo subsidios de vivienda. Deberían recordar que esa fue la razón que llevó a la liquidación del Inurbe y que tal tarea quedó en un sistema operado por una oficina pequeña de carácter técnico que asigna subsidios auto­máticamente de acuerdo con las variables de política que se definan y que se soporta en las cajas de compensación y los municipios.

Regresar al modelo anterior de ministerio, es un retroceso. Es regresar a la época en que al Ministro de Ambiente nadie en el Gobierno y por fuera de él le paraba bolas. Es regresar a un punto donde la política de reciclaje y apro­vechamiento de residuos no sea prioridad. Es volver a las épocas donde los POT se dedicaban a la ocupación del espacio relegando otras va­riables ambientales como la conservación de ecosistemas clave o el aprovechamiento soste­nible de los recursos naturales.

Si lo que se pretende es alguna reforma institucional esta debe ser para avanzar en el fortalecimiento de las herramientas de gestión y autoridad ambiental. Se requiere arrebatarle a la corrupción regional la dirección de las Cor­poraciones Autónomas Regionales, dándoles respetabilidad a sus decisiones para que ellas sean lo más cercanas al interés general por un buen ambiente. Se requiere pensar una mejor arquitectura institucional para las CAR.

Es necesario ahondar en nuestra reali­dad ambiental y hay poco tiempo para ello. Se requieren de estrategias de restauración de ecosistemas arrasados por el mal manejo de los recursos, recuperar cuencas para ase­gurar el agua que empieza a ser escasa, crear instrumentos económicos para que valga la pena conservar o producir limpiamente y estimular la preocupación ciudadana por los recursos naturales.

Que no se repita en los cuarteles de los candidatos la historia íntima de muchas campa­ñas presidenciales, y es que el tema ambiental en los programas aparece en el último minuto antes de su impresión cuando alguien se lo muestra al hijo del candidato y este le dice: oye papi, ¿y para el ambiente nada? En ese momen­to el candidato ordena: “dígale al ambientalista que escriba un parrafito pequeño y bien sugestivo sobre medio ambiente, pónganlo e impriman el programa que estamos de afán”.

Director

De todas las actividades productivas que se desarrollan en Colombia, pocas como el cultivo de la Palma africana han suscitado posiciones tan contrarias. Mientras para ecologistas reconocidos como Tatiana Roa, de la organización Censat Agua Viva, las plantaciones de palma africana están manchadas de sangre y lágrimas y encarnan la historia de bosques convertidos en plantaciones, para otros como el exministro Manuel Rodríguez el futuro que se vislumbra en el sector palmicultor es el de una agroindustria amigable con el medio ambiente.

¿Qué hay de cierto en unas y otras posiciones? ¿Hay alarmas que encender o debemos estar tranquilos en cuanto a la sostenibilidad de los procesos ligados a esta industria? Catorce 6 decidió, para la presente edición, abordar todas las aristas de la problemática. Nuestros reporteros conocieron de cerca las plantaciones, sus procesos, su entorno ambiental y social y prepararon el informe que aparece en estas páginas.

Nuestro testimonio da cuenta de la existencia, alrededor de la palma, de procesos sostenibles y otros que están muy lejos de serlo. Por ejemplo, de un lado aparece la decisión de no intervenir bosques naturales para sembrar palma por parte de los afiliados a Fedepalma, pero de otro se conocen experiencias como las de  Curvaradó y Jiguamiandó en el Urabá chocoano donde se denuncia la sustitución de bosques nativos con este tipo de cultivos.  Ya una investigación de Manuel Rodríguez y B. van Hoof da cuenta de la afectación del 17,5% de los bosques naturales por cultivos de palma, de cuya responsabilidad no se escapa el Estado que hace cuatro décadas brindaba subsidios a quienes tumbaban “monte” para desarrollar cultivos promisorios.

Recientemente Brigitte Baptiste del Instituto Humboldt, encendió las alarmas sobre la manera como ecosistemas de humedal y bosque de galería han sido arrasados por plantaciones de Palma en el Casanare. Ella misma destaca cómo en el mismo departamento otros palmicultores se han podido integrar con sistemas de producción campesina agrícola y piscícola desarrollando en la práctica un ecosistema emergente altamente productivo, rico en fauna, con servicios de polinización y control de plagas.

Hay muchas señales de la eficacia con que el sector palmicultor organizado viene implantado formas de producción cada vez más sostenible. Desde la creación en 1991 del centro de investigación Cenipalma y en 1988 de la Unidad Ambiental de Fedepalma, los avances ambientales del sector son referencia para otros sectores productivos del país y del mundo. Por destacar la existencia de una guía ambiental que desde 2002 establece los procesos y procedimientos más adecuados para tener un proceso amigable con el medio ambiente. También el proyecto sombrilla de reducción de emisiones de gas metano que se convierte en uno de los más grandes del mundo en el marco del protocolo de Kioto.

De otro lado y desde la perspectiva de la sostenibilidad social es notable la manera como palmicultores del Magdalena Medio como los de Indupalma aprendieron de sus propios conflictos y diseñaron un modelo de gestión empresarial que volvió empresarios a sus trabajadores, los involucró en sus procesos aumentando simultáneamente la rentabilidad del negocio y la calidad de vida de la población vecina.

Es evidente que en materia de palma africana en Colombia, hay mucho por aprender aún de lo que nunca debió haberse hecho.

Presidenta

Con la expedición en el año 2007 de la Ley del Plan de Desarrollo del gobierno, del Estatuto de Desarrollo Rural del mismo año y de la ley General Forestal de 2006, es posible en Colombia estructurar esquemas de pago por servicios ambientales.  Campesinos y cualquier propietario o poseedor de tierras con alto valor biótico, podrá encontrar incentivos para conservarlas o restaurarlas. Este marco jurídico ha sido un viejo anhelo de muchos ciudadanos enfrentados a la presión de significativos ingresos de oportunidad provenientes de diferentes cultivos como el de la papa en los páramos, del aprovechamiento insostenible de la madera de bosques o del relleno de humedales para contar con más tierra urbana o arable. A pesar de este importante avance, las normas expedidas todavía requieren de reglamentación para que se genere un mercado real alrededor de la conservación. Este mercado solo se podrá generar cuando con base en reglas claras surjan proyectos de pago por servicios ambientales originados en compradores de un servicio determinado y proveedores de los mismos, en los cuales se definan acciones o no acciones que permitan generar, mantener o aumentar un servicio ambiental en un ecosistema. Dentro de los compradores deben estar los municipios y departamentos quienes tienen obligaciones ambientales que siempre han soslayado en grave detrimento de la sostenibilidad de las regiones, tan diversas entre sí en nuestro país.

Colombia, país megadiverso, con una normatividad ambiental de clase mundial, tiene reconocidas condiciones sociales y económicas que amenazan permanentemente la conservación de nuestros recursos naturales. Son la pobreza en las zonas rurales, la presión del crecimiento urbano e industrial en zonas con fragilidad institucional,  los cultivos ilícitos así como los tradicionales de manera insostenible, y la poca decisión de los alcaldes de resolver el problema de las aguas residuales.

Desarrollar un modelo económico que les permita recibir su mejor ingreso de oportunidad a campesinos, particulares, comunidades organizadas por proteger recursos naturales que son patrimonio de los colombianos y de todo el mundo, es de alta prioridad en las políticas públicas pendientes. Esto también nos hace estar atentos a las decisiones de la cumbre de Copenhague, porque todos conocen que a Colombia no solo la afecta sus condiciones socio-económicas, sino el efecto global de los gases efecto invernadero, tanto en los casi cuatro mil kilómetros de costas como en nuestras cada vez más pequeñas nieves perpetuas.

Destacado: Colombia tiene reconocidas condiciones sociales y económicas que amenazan permanentemente la conservación de nuestros recursos naturales.

Presidenta

Cuando algunas fuerzas vivas de Antioquia definieron como objetivo estratégico contar con un puerto en la bahía de Tribugá, comenzaron a ambientarlo ante el Gobierno Nacional. Resultó difícil para otras regiones del país comprender su importancia estratégica dados los costos que implicaría construirlo, hacer las carreteras de acceso y completar toda la infraestructura necesaria para que este fuera en efecto un puerto útil para ese departamento, el Chocó y subsidiarimente para el resto del país.  Con la batimetría de Tribugá en mi escritorio, en donde no hay puntos de más de 4 metros de profundidad y la falta de infraestructura, la conclusión es que ésta inversión solo se justificaría con un gran volumen de carga que estuviera demandando servicios portuarios.

La alta ocupación de la capacidad del puerto de Buenaventura hace dos años sirvió de justificación para los promotores de nuevos proyectos portuarios que requieren de infraestructura con recursos del estado. El terminal portuario de Buenaventura finalmente resolvió su problema de capacidad mediante reingeniería y mejor aprovechamiento de los recursos existentes, con inversiones privadas, aprovechando el nuevo horizonte para recuperacion de inversion hasta 2034. La Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura con la ampliación de 20 años adicionales de la concesión hizo inversiones para duplicar su capacidad; de igual manera el puerto de Barcelona con inversionistas privados están construyendo el puerto TCBUEN, Muelle 13 expandió su capacidad y la empresa ARGOS también construyó el muelle CEMAS. Con estas inversiones privadas la bahía de Buenaventura vuelve a quedar con una capacidad suficiente para atender más del 50% de la demanda nacional de servicios portuarios (excluyendo carbón y petróleo) y de lo único que requiere es de profundización y mantenimiento del canal público de acceso existente. De igual manera inversionistas privados han ampliado la capacidad portuaria de Colombia en la bahía de Cartagena optimizando los terminales existentes en la época de Colpuertos y construyendo modernos puertos privados, similar ejercicio, a menor escala, se ha visto en la zona portuaria de Barranquilla, de Santa Marta, y otras los cuales como casi todos los puertos del mundo necesitan mantenimiento de sus canales de acceso.

Pero la promoción del puerto de Tribugá, a ser construida su infraestructura con recursos públicos, no hizo esperar la aspiración Vallecaucana ante el gobierno nacional sobre Bahía Málaga.  La disputa por recursos del presupuesto nacional al estilo del siglo pasado, queda descolocada ante las fuerzas del mercado, pero  si logra imponerse en inversiones como estas, puede disminuirle la competitividad a una economía.

La aspiración del Valle del Cauca con Bahía Málaga es un resultado obvio ante la posibilidad de tener que repartir la carga de Buenaventura con Tribugá y de asumir su distancia. Bahía Málaga tiene una ventaja frente a Tribugá, y es que sí bien, cuenta con las profundidades necesarias para un puerto capaz de recibir buques de gran calado, al igual que Tribugá le hacen falta 100 kms  de carretera para conectarse con la actual carretera Buenaventura – Buga, y asi llegar a los centros de consumo y conectarse con el resto del país.

En consecuencia ambos proyectos requieren de altas inversiones en infraestructura para que sean puertos útiles para los respectivos departamentos y el país. Sus promotores buscan que sea el estado el que haga las inversiones de infraestructura, y siguen justificando los puertos aun cuando no existen las condiciones de mercado para que sean viables.  No hay suficiente carga para las facilidades portuarias que ya tiene el país, y no se puede colegir de la ampliación del Canal de Panamá que esta vaya a generar más carga domestica (de importación y exportación), y menos claro aún el impacto de la efímera carga de transbordo.

Ahora los promotores de ambos proyectos tienen a las posibilidades de declaratoria de parque nacional o zonas de reserva, y de negación de licencias ambientales, como sus grandes enemigos.

Deliberadamente he hecho caso omiso de los costos ambientales de ambos proyectos, para que la controversia pública no sea llevada hábilmente al enfrentamiento entre desarrollistas y conservacionistas. La realidad es que no hay suficiente carga para estos nuevos puertos y si a sus inmensas inversiones le agregamos los costos ambientales de intervenir tan valiosos ecosistemas,  la conclusión irrebatible es que son inviables financiera, social y ambientalmente. Valdrá Colombia en el mundo global mucho más por sus ecosistemas protegidos que por puertos y carreteras subutilizados en medio de un paisaje desolado. Un acendrado sentimiento regional no puede convertirse en un sentimiento anti-nacional.

Director

Según el director del IDEAM más de 7.000 industrias generadoras de residuos peligrosos, han respondido al mandato de las autoridades ambientales de registrarse como tal. Aunque falta un buen porcentaje de empresas para tramitar el registro, comparando con otras disposiciones ambientales dirigidas al sector productivo, el número de registros indica la eficacia de la medida y lo que es mejor, la posibilidad de contar a partir de este año con datos ciertos para definir políticas ambientales cada vez más focalizadas y efectivas.

A partir de este año todos los ciudadanos podremos saber con exactitud datos como la cantidad de residuos peligrosos que cada sector de la industria genera, qué zona del país hace la mayor contribución, qué tipo de materias primas se emplearon en esos procesos productivos, en qué cantidades y cuales son las industrias que hacen una mejor gestión de tales residuos. En fin un conjunto de información que permitirá a las autoridades, a la comunidad científica y a las mismas industrias, orientar su acción para el mejoramiento de su desempeño.

Es que tradicionalmente se ve este tipo de medidas como parte de la tan cuestionada tramitomanía que mucho molesta a los empresarios. La verdad es que en este caso la posibilidad de contar con información como la comentada, y en tiempo real, ayuda a las autoridades a focalizar sus decisiones y a interactuar activamente con las industrias reguladas. A las industrias a avanzar en la adopción de mejores prácticas de manufactura que seguramente le abrirá mayores oportunidades  de mercado a sus productos.

La correcta articulación de una medida adecuada, con la acción conjunta de los gremios de la producción, un esquema sencillo para la aplicación y una buena difusión de la medida a través de las autoridades regionales y las seccionales del sector productivo, parecen ser la clave del logro.

La gestión ambiental de nuestras frágiles autoridades regionales, tiene en esta experiencia muchas enseñanzas para recoger. Para citar algunos ejemplos, el uso o aprovechamiento del agua y el bosque, requiere con urgencia una clara cuantificación de esos recursos naturales de los que no se sabe a ciencia cierta las cantidades aprovechadas y los impactos generados. Que no decir del tamaño de los vertimientos industriales a los cuerpos de agua.

Seguramente si se adoptasen en otras disciplinas mecanismos como los ya comentados, podremos aproximarnos al conocimiento de una realidad que ya  alarma por el nivel de deterioro de ecosistemas fundamentales para la vida. Es que la información es definitiva para la acción y en materia ambiental esa premisa es determinante. Ojalá que estemos inaugurando una etapa de mayor efectividad ambiental de reguladores y regulados para bien de nuestros recursos naturales y del planeta.

Así lo define la empresa paisa Rago S.A., que expuso la po¬lémica idea en la pasada Feria Ambiental de Medellín.

El argumento para cambiar la milenaria posición de las mu¬jeres para hacer ‘pipí’ es simple: cada vez que la mujer lo hace, desperdicia al menos 4 litros de agua al descargar la cisterna. También los hombres, cuando no usan orinales sino inodoros comunes y silvestres.

Así, la idea es que tanto los unos como los otros hagan uso de los orinales que también está promocionando dicha firma. Se trata de orinales ecológicos, que en vez de descargar agua, funcionan almacenando la orina en unas campanas de micro encapsulado que se remplazan periódicamente y que además son reutilizables, explicó el Ingeniero Juan Carlos Rodríguez, de Rago S.A.

Ese tipo de orinales ya se han implementando en otros países e incluso funciona en lugares como el Edificio Inteligen¬te de las Empresas Públicas de Medellín, el Hotel Intercontinen¬tal, el Aeropuerto José María Córdoba, la Central Mayorista, las sedes del Poblado y el Centro de la Clínica de Medellín.

¿Y cómo hacen las mujeres?

La idea es racionalizar el uso del agua. “Hemos creado un dispositivo que funciona a manera de embudo, que brinda a las mujeres la oportunidad de orinar sin hacer maromas en los retretes de los baños públicos, además de conservar las condi¬ciones de higiene y reducir al mínimo las infecciones”, agregó Rodríguez.

Inicialmente, las extensiones desechables tienen un costo de 500 pesos por docena y 6.200 pesos doce docenas, es decir 144 unidades.
La campaña busca además remplazar en su totalidad los orinales a base de agua y reducir, con el apoyo de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, el consumo de al menos 180 millones de litros de agua al año.

Director Ejecutivo Centro de Estudios en Política y Legislación Ambiental de Colombia CEPLAC Socio de la firma Guerrero Ruiz & Asociados

Histórico. Así, el sector ambiental del país calificó la reforma al Código de Minas, un triunfo justo que a su juicio, dejó por fin a salvo de la explotación minera a los páramos y los humedales del país.

La mención de la actividad minera excluida en las zonas de páramo y los humedales designados como sitios Ramsar resulta reconfortante, sin embargo, ya la Corte Constitucional (en juicio de exequibilidad del artículo 34 del Código de Minas) había precisado que la norma no se refería solamente a los parques nacionales naturales, los regionales y las reservas forestales, sino que la exclusión contenía todas las categorías de protección previstas en la legislación ambiental. Sin pretender ser aguafiestas, creo que celebramos una conquista que ya la rama judicial nos había otorgado.

La embriaguez de la victoria llevó al sector a sentirse satisfecho, pero lo que siguió no fue tan gratificante. El mismo artículo 34 del Código modificado, prevé que las reservas forestales nacionales declaradas por la ley 2ª de 1959, así como las regionales, pueden ser objeto de sustracción para adelantar actividades mineras. Lo preocupante del caso es que el título minero puede ser otorgado sin que se haya producido tal sustracción, así, se puede anticipar que frente a la minería, las sustracciones de las reservas forestales se convertirán en meros trámites, tanto así que la norma ni siquiera presumió los efectos que tendría la negativa de la autoridad ambiental a efectuar una de éstas. Fundamental habría sido que el legislador hubiese advertido el carácter condicionado de los títulos mineros en este evento, sujetos a la autorización de la sustracción por parte de la autoridad.

De cualquier modo, algo se escapó de la pluma minera en la redacción de este artículo en beneficio de las reservas forestales nacionales que no fueron declaradas por la Ley 2ª de 1959: no son mencionadas dentro de las que pueden ser objeto de sustracción; ello deja a salvo las reservas forestales nacionales declaradas por el INDERENA o por el propio Ministerio de Ambiente, como la del Bosque Oriental de Bogotá. Eso sí hay que celebrarlo. Habrá que esperar en todo caso a los intérpretes autorizados de la ley, quienes seguramente acudirán a la facultad permanente del Ministerio de Ambiente para sustraer reservas forestales nacionales, a fin de soportar las que habrán de venir, para el desarrollo de la actividad minera.

Dejando de lado el despropósito que representa la legalización de la minería ilícita que se adelanta con mini dragas en las principales corrientes de departamentos como Chocó, que sustentan la oferta hídrica del país, lo del Código de Minas no resulta tan malo a fin de cuentas: Lo ambiental se aproxima lento pero seguro al carácter de utilidad pública que hoy ostenta la minería, restituyendo un poco el equilibrio en la percepción de lo fundamental para el bienestar de los colombianos.

Agrólogo. Experto en Ecosistemas Urbanos, Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente. Asesor PNUD y Contratista de la SDA. Fundador y Director de la Fundación Línea Verde (2005-2009).

La planta de tabaco es una solanácea originaria de América. Descendientes del tabaco negro, se cultivan y procesan las variedades Burley y Virginia de tabaco rubio en mezcla para la elaboración de cigarrillos, además de las variedades de capa y cubita para cigarros o habanos.

El tabaco dio origen a una cultura socialmente aceptada de consumo personal mediante la combustión, aspiración y expulsión del aire, que genera dependencia; con efectos sicológicos como la sensación de seguridad, tranquilidad, relajamiento, etc., que lo hizo muy popular hasta el siglo pasado.

El consumo parte de la producción en campo, pasando por su procesamiento y curado, hasta los cigarros o cigarrillos, consolidando un negocio lucrativo para los empresarios vinculados al mismo y especialmente para las multinacionales que administran, manejan y controlan todos los eslabones de esta cadena productiva.

El modelo del cultivo, financiado por las tabacaleras a campesinos pobres con contratos de compra a precios predefinidos, se da en zonas de baja oferta ambiental y poco productivas, donde hay desdeño gubernamental y es el mismo modelo que se aplica a escala mundial.

El cultivo presenta condiciones poco equitativas para los productores, campesinos de las sabanas de la Costa Atlántica, el Huila y especialmente del departamento de Santander, sin opciones productivas, los cuales son sometidos a condiciones de subsistencia mínima, sin acceso a cadenas de producción rentables, créditos y con mínimo apoyo por parte del Estado.
La imagen del negocio tabacalero se ha venido deteriorando desde finales del siglo pasado por su relación con serios problemas asociados a la salud humana como: diversas formas de cáncer pulmonar, enfisemas e infarto cardíaco, entre otros, lo que ha dado origen a una movilización mundial en su contra. De igual manera se reconoce que un fumador convierte a los no fumadores en fumadores pasivos al contaminar y deteriorar el aire; argumento contundente en espacios cerrados, donde es inadmisible el consumo de tabaco y en donde es mucho más evidente que la decisión personal de fumar afecta el derecho de los demás a no querer hacerlo.

En respuesta a esta situación, el Congreso Colombiano emitió la Ley Antitabaco que prohíbe la venta al menudeo, la financiación del deporte y la cultura, la publicidad por cualquier medio masivo de comunicación y fumar en espacios cerrados, entre otros. Sin embargo, también desde el Ministerio de Agricultura se crean incentivos para el cultivo, se posiciona el producto en el Tratado de Libre Comercio con USA, se promueven cursos de capacitación para la certificación de los productores a través del SENA, se patrocinan líneas de investigación en conjunto con CORPOICA y se generan líneas de crédito que minimizan el riesgo financiero de las tabacaleras, creando incertidumbres en un tema incuestionable: La salud pública.

Con las restricciones de la Ley Antitabaco se obtuvo un gran triunfo, pero se acentúa el riesgo social para más de 10.000 familias de colombianos campesinos minifundistas muy pobres que sobreviven con el cultivo de cerca de 20.000 hectáreas de tabaco, desconocidos por la nueva Ley.
Una “Colombia libre de tabaco” enfrenta por un lado el consumo y por el otro, la producción en campo. Debemos apoyar las iniciativas para acabar con el consumo del tabaco en cualquiera de sus manifestaciones, pero incluir los mecanismos necesarios de soporte a la estructura social históricamente construida por las tabacaleras alrededor de los campesinos cultivadores: familias completas que podría recoger el narcotráfico, la guerrilla o el paramilitarismo.

20.000 hectáreas de cultivo, más de 10.000 familias asociadas y todos los seres humanos del planeta en riesgo… ¡Un reto en la lucha contra el tabaco!

Presidenta

La muerte a balazos de un hipopótamo y el supuesto daño ambiental ocasionado por una constructora en el arroyo León, en Barranquilla, increíblemente pusieron en evidencia a distintos actores de la sociedad, cuyos comportamientos dejan más dudas que certezas.

Instituciones del Estado y líderes de opinión optaron en estos casos por conceptos lejanos a la protección de la vida, el interés general y honrar la verdad. Es triste reconocer que los colombianos estamos inmersos en un ambiente de información distorsionada, pero es la verdad. El desafío para todos, y la causa de Catorce 6, es hacer los mayores esfuerzos por brindar información completa y elaborada con rigor, con el fin de recuperar el valor de la verdad y de los derechos preferentes que están planteados en la Constitución Nacional.

Lo evidente en el caso de los hipopótamos es la gran duda que dejó el comporta¬miento de Corantioquia al otorgar el permiso de caza de control antes de convocar a los actores del SINA, al menos para encontrarle una salida al problema. La Ley 99 de 1993 definió con sabiduría y mucha claridad la amplitud del Sistema Nacional Ambiental; pero para aprovechar sus bondades y cumplir la ley es necesario contar permanentemente con una actitud institucional abierta, participativa y transparente, lo que faltó en este caso. Corantioquia entonces le otorgó un contrato a la Fundación Vida Silvestre Neotropical, que realizó la solicitud de caza de control. Reconocemos en Catorce 6 (y hemos hecho informes) las graves consecuencias que traen las especies introducidas; sin embargo, había opciones en este caso. ¿Cómo pudieron leer los niños y adolescentes, a quienes les insistimos sobre la protección y conservación, la muerte de semejante animal a balazos?

Por otra parte, dejó una duda preocupante el dolor de la mayoría por la muerte de los hipopótamos, que no apareció cuando ocurrieron los falsos positivos. No hubo una reacción de igual magnitud. Lo mismo se puede decir del resto de las especies en peligro de extinción, ellas sí nuestras, pues ni quienes las comercian y las compran sufren ataques y censuras como los que recibió Corantioquia por el hecho. Pero lo más triste fue haber visto líderes de opinión unidos contra Corantioquia, sin brindarle al país un análisis sosegado del caso y sí buscando dividendos políticos.

El caso del supuesto brazo del arroyo León en Barranquilla ha sido también tema para estudio por las distorsiones, quizá por intereses, el cual involucraba unos supuestos daños ambientales y que produjo una multa cuantiosa del Damab (autoridad ambiental distrital) a una empresa. Hoy para la opinión pública no es clara la verdad, debido a las diversas versiones alimentadas por distintos grupos. La Corporación Bioparque, que edita Catorce 6, elaboró un estudio técnico que se presenta en esta edición, cuyos resultados son concretos. Las expectativas económicas y quizá otros intereses produjeron este ambiente distorsionado, así como percepciones que alimentan conflictos, a todas luces innecesarios en nuestro ya adolorido país