Entre 2007 y 2008 el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, a cargo de Juan Lozano, logró la aprobación de normas constitucionales y legales que atacan el origen del problema de la falta de agua potable en por lo menos 400 municipios colombianos. Las normas expedidas son de gran importancia para asegurar el derecho a la salud planteado por la Constitución de 1991, en particular de las poblaciones más pobres. Sin embargo, no faltará quien diga que revierten la descentralización planteada en esta misma, o que propician un modelo “neoliberal” para la prestación del servicio de agua potable y saneamiento.

El eje de las reformas hechas por el ministerio lo da la inclusión del servicio público domiciliario de agua potable y saneamiento entre las prioridades de financiación del Sistema General de Participaciones (SPG), que antes lo excluía. Este acto legislativo, el 04 de 2007, también le ordena al gobierno nacional definir una estrategia de seguimiento y control al gasto ejecutado por las entidades territoriales con los recursos de transferencias, para asegurar el cumplimiento de las metas de cobertura y calidad. Esta norma constitucional exige la cobertura universal del servicio público de agua potable y saneamiento a los municipios de categorías cuarta, quinta y sexta, antes de que puedan invertir en otras cosas los recursos de propósito general del SGP. Las disposiciones anteriores abrían un boquete a través del cual muchos alcaldes de municipios sin agua potable invertían en asuntos diversos, olvidándose de las poblaciones necesitadas.

En estos casos las inversiones eran legales pero sin duda no eran éticas. Estos alcaldes faltaban a sus responsabilidades con las poblaciones vulnerables, con el fin de orientar los recursos a su antojo.

Para complementar la transformación del sector, el ministerio logró la aprobación de la Ley 1176 de 2007, que les asigna recursos y competencias a los departamentos en materia de agua potable y saneamiento, en particular para estructurar esquemas regionales de prestación de servicios y de cofinanciamiento.

Esto contribuye a la eficiencia a través de diseños técnicos y del uso racional de los recursos. El gran problema del ordenamiento territorial en Colombia, que se origina en que la unidad básica son los municipios, sin que exista una planeación más amplia, se supera con esta norma, al menos en el frente de la provisión de agua potable.

Como novedad se incorpora el instrumento de la certificación de municipios y distritos por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos.Ésta medirá obligaciones legales que se han incumplido de manera reiterada por parte de muchos de ellos, aun los más grandes, como la adecuada y completa financiación del servicio a través de la apropiación de recursos, de la creación del fondo de solidaridad y redistribución de ingresos, la aplicación de la estratificación socioeconómica según la metodología nacional, y el equilibrio entre subsidios y contribuciones. La descertificación conllevará que los recursos pasen a los departamentos.

Finalmente, en la ley del Plan de Desarrollo se estableció que serán necesarios tanto los compromisos de transformación empresarial como la concurrencia de recursos de regalías y del SGP en los planes departamentales de agua potable para contar con la financiación del gobierno nacional.

Estas reformas, realizadas por el Viceministerio de Agua a cargo de Leyla Rojas, atacan en el punto justo el problema de la falta de agua potable en tantos municipios colombianos. Éstas no atentan contra la descentralización sino que, por el contrario, fortalecen a las entidades territoriales al asegurar la prestación eficiente y eficaz de un servicio de su responsabilidad, ansiado durante décadas por la población más vulnerable. La transformación empresarial y la participación de operadores especializados, sean privados o públicos, es estrictamente necesaria por la historia de clientelismo y corrupción construida por el manejo dado por los municipios o distritos, salvo pocas excepciones donde está la destacada experiencia de Bogotá.

Calificar esta estrategia de neoliberal conduce a un grave equívoco, a las entidades territoriales a seguir incumpliendo su deber de proveer del servicio de agua potable y saneamiento a todos los ciudadanos.

Hay dos indicadores que de unos años para acá hinchan de orgullo a Colombia. El primero, que el país aumentó sus exportaciones un 77 por ciento entre el 2002 y el 2007. Y el segundo, que cada vez más colombianos pueden tener carro propio. De hecho, el 2006 fue un año sin precedentes en ventas para el sector automotor.

Esas son buenas noticias. Sin embargo, traducen también más chimeneas arrojando tóxicos a la atmósfera. Más industrias son más emisiones fijas. Y más carros, más emisiones móviles.

Estas últimas, si bien sólo aportan el 40 por ciento de la contaminación del aire (las fuentes fijas aportan el 60 por ciento), son probablemente las mayores responsables de la pésima calidad del aire. Y lo son por la mala calidad del diesel que se consume en Colombia, uno de los peores del mundo, y porque, sencillamente, los exhostos están más cerca de las personas.

Bogotá, por ejemplo, está catalogada como la tercera ciudad más contaminada de América Latina por material particulado, después de Santiago de Chile y Ciudad de México.

Y no es extraño. La mayor parte del transporte público se mueve con un diesel cuyo contenido de azufre es de 1.200 partes por millón (ppm), cuando los estándares internacionales apenas sobrepasan las 50 partes por millón. En el resto del país el número alcanza las 4.500 ppm.

Una estadística presentada recientemente por el Ministerio de la Protección Social da cuenta de lo que podrían ser las consecuencias. En total, 418 niños menores de cuatro años murieron en todo el país en el 2007 a manos del mismo enemigo público: la Infección Respiratoria Aguda (IRA).

De hecho, el Conpes del 2005 determina que “la contaminación atmosférica se constituye en el problema ambiental y de salud de mayor preocupación para los colombianos, y el generador de los mayores costos sociales después de la contaminación del agua y los desastres naturales”.

Según el Primer Informe Nacional de Calidad de Aire, presentado a finales de febrero por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), el peor contaminante es el material particulado menor de diez micras (PM-10), es decir, las partículas que flotan en el aire como producto de la quema de combustibles. Ese material, aunque invisible es mortal.

En su informe, el Ideam presentó el ranking de los diez ambientes más contaminados en Colombia, de acuerdo con mediciones recopiladas por al menos 18 autoridades ambientales y un par de entidades privadas desde 1997. Los resultados son alarmantes.

En el ranking, ordenados de mayor a menor grado de contaminación están los barrios Tunal, Kennedy y Puente Aranda (Bogotá); el Centro de Medellín y Guayabal en Antioquia; Fontibón (Bogotá), Nemocón (Cundinamarca), área de la Clínica Juan N. Corpas (Bogotá), RáEste tipo de escenas son comunes en el sur de Bogotá, que no necesariamente es la zona más contaminada pero sí la que recibe, por condiciones atmosféricas, la mayor parte del aire tóxico. Foto Santiago Castro.

sección 14.abril-mayo.08 Catorce 6º Informe especial Catorce 6º abril-mayo.08.15 Informe essepcecciióanl quira (Boyacá) y calle 80 con carrera 68 (Bogotá).

Con esto, los capitalinos se convierten en los colombianos que respiran el peor aire del país. Los promedios al año de PM-10 para Bogotá alcanzaron los 130 microgramos por metro cúbico, pese a que la norma nacional fija el límite en 70 y el parámetro internacional según la Organización Mundial de la Salud (OMS) es de 50, cifra en la que se considera no se pone en riesgo la salud humana.

Otras ciudades

Pero no todo el panorama es gris. De acuerdo con el Ideam, en San Andrés, Neiva o Barrancabermeja los niveles de contaminantes en el aire están, en todos los casos, por debajo de los estándares permitidos. Algo similar sucede en poblaciones como Cúcuta, Manizales, Pereira, Armenia e Ibagué, en donde “no se presentan excedencias considerables ni constantes ni de PM-10, ni de PST (partículas de mayor tamaño)”.

En Bucaramnga, el panorama es otro.

Si bien las PM-10 no son el factor más contaminante, sino el ozono, los niveles estuvieron por encima de la norma en las estaciones de monitoreo Centro y Chimitá en 2004, 2005 y 2006 con concentraciones entre 70 y 80 microgramos por metro cúbico.

Otra de las estadísticas que llamaron la atención fue la registrada en la zona industrial de los municipios de Yumbo y Palmira, que si bien no excedió los límites anuales de PM10, alcanzó concentraciones máximas diarias de 285 microgramos por metro cúbico, una cifra sin duda escandalosa.

Barranquilla es otro caso alarmante.

Para PM10 se registraron concentraciones mensuales superiores a 160 microgramos por metro cúbico.

Cuatro periodistas de Catorce 6 viajaron a algunos de esos lugares para conocer de primera mano cómo vive la gente en esos lugares y esto fue lo que encontraron.

¿Qué dicen las autoridades?

Para la viceministra de Ambiente, Claudia Mora Pineda, el informe presentado por el Ideam demuestra que se le está haciendo frente al problema.

“Estamos haciendo muchas cosas en materia de calidad de aire. Una ha sido la asignación de recursos por más de dos millones de dólares de Cooperación Internacional para mejorar las redes de monitoreo y conocer de primera mano el diagnóstico”, dijo la funcionaria.

Agregó que lo más importante es que de acuerdo con esa información se está trabajando conjuntamente con el Ministerio de la Protección Social en la Política Nacional de Salud Ambiental. “Lo estamos haciendo con base en información que ya producimos, como por ejemplo los monitores que instalamos a niños en zonas de Puente Aranda (Bogotá) para demostrar cuáles son los efectos de la calidad del aire”, aseveró.

Además, se refirió a un instrumento económico similar a los bonos de carbono, conocidos como Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), que funcionan a nivel mundial. “El mecanismo establece cupos negociables de contaminación atmosférica.

La idea es que si usted como empresa está por encima de los niveles de contaminación, puede comprarle el cupo a otra empresa que no lo esté”, afirmó.

Ese mecanismo, que se está probando con éxito en el valle del Aburra, y que se ensayaría además en Yumbo y Bogotá, podría convertirse en norma, anunció la funcionaria.

Finalmente, la viceministra se refirió a la pésima calidad del combustible en Colombia. “Las normas sobre calidad de combustible las emiten en conjunto los ministerios de Ambiente y Minas. Nosotros exigimos que la calidad de combustible en el 2010 sea de 50 partes por millón.

Ecopetrol debe hacer las inversiones necesarias para generar un diésel de mejor calidad”, puntualizó.

Y precisamente por eso el Ministerio de Ambiente, Ecopetrol y la Alcaldía de Bogotá firmaron un compromiso para reducir sustancialmente las emisiones de fuentes móviles. Según el alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, el compromiso inmediato es que el próximo julio haya bajado el contenido de azufre de 1200 partes por millón a 500. Y que a octubre del 2009, la cifra esté en 50 partes por millón, a la altura de los estándares internacionales.

Esto significará para Ecopetrol una inversión cercana a los 200 millones de dólares, según informó Camilo Marulanda, vicepresidente de la compañía.

El alcalde también se comprometió dentro de esta política a chatarrizar al menos 1300 vehículos de servicio colectivo.

Por su parte, el secretario distrital de Ambiente, Juan Antonio Nieto Escalante, hizo un balance del Pacto por el Aire Limpio suscrito entre Ecopetrol y la administración de Samuel Moreno. El funcionario informó que a finales de marzo la petrolera ya había disminuido entre el 8,2 y el 10 por ciento el contenido de partes por millón de azufre en el diesel que se usa en la capital.

“Ecopetrol le reportó a la Secretaría que el azufre del diésel se disminuyó de entre 1.000 y 1.020 partes por millón a 918 partes por millón”, aseveró.