Director

De todas las actividades productivas que se desarrollan en Colombia, pocas como el cultivo de la Palma africana han suscitado posiciones tan contrarias. Mientras para ecologistas reconocidos como Tatiana Roa, de la organización Censat Agua Viva, las plantaciones de palma africana están manchadas de sangre y lágrimas y encarnan la historia de bosques convertidos en plantaciones, para otros como el exministro Manuel Rodríguez el futuro que se vislumbra en el sector palmicultor es el de una agroindustria amigable con el medio ambiente.

¿Qué hay de cierto en unas y otras posiciones? ¿Hay alarmas que encender o debemos estar tranquilos en cuanto a la sostenibilidad de los procesos ligados a esta industria? Catorce 6 decidió, para la presente edición, abordar todas las aristas de la problemática. Nuestros reporteros conocieron de cerca las plantaciones, sus procesos, su entorno ambiental y social y prepararon el informe que aparece en estas páginas.

Nuestro testimonio da cuenta de la existencia, alrededor de la palma, de procesos sostenibles y otros que están muy lejos de serlo. Por ejemplo, de un lado aparece la decisión de no intervenir bosques naturales para sembrar palma por parte de los afiliados a Fedepalma, pero de otro se conocen experiencias como las de  Curvaradó y Jiguamiandó en el Urabá chocoano donde se denuncia la sustitución de bosques nativos con este tipo de cultivos.  Ya una investigación de Manuel Rodríguez y B. van Hoof da cuenta de la afectación del 17,5% de los bosques naturales por cultivos de palma, de cuya responsabilidad no se escapa el Estado que hace cuatro décadas brindaba subsidios a quienes tumbaban “monte” para desarrollar cultivos promisorios.

Recientemente Brigitte Baptiste del Instituto Humboldt, encendió las alarmas sobre la manera como ecosistemas de humedal y bosque de galería han sido arrasados por plantaciones de Palma en el Casanare. Ella misma destaca cómo en el mismo departamento otros palmicultores se han podido integrar con sistemas de producción campesina agrícola y piscícola desarrollando en la práctica un ecosistema emergente altamente productivo, rico en fauna, con servicios de polinización y control de plagas.

Hay muchas señales de la eficacia con que el sector palmicultor organizado viene implantado formas de producción cada vez más sostenible. Desde la creación en 1991 del centro de investigación Cenipalma y en 1988 de la Unidad Ambiental de Fedepalma, los avances ambientales del sector son referencia para otros sectores productivos del país y del mundo. Por destacar la existencia de una guía ambiental que desde 2002 establece los procesos y procedimientos más adecuados para tener un proceso amigable con el medio ambiente. También el proyecto sombrilla de reducción de emisiones de gas metano que se convierte en uno de los más grandes del mundo en el marco del protocolo de Kioto.

De otro lado y desde la perspectiva de la sostenibilidad social es notable la manera como palmicultores del Magdalena Medio como los de Indupalma aprendieron de sus propios conflictos y diseñaron un modelo de gestión empresarial que volvió empresarios a sus trabajadores, los involucró en sus procesos aumentando simultáneamente la rentabilidad del negocio y la calidad de vida de la población vecina.

Es evidente que en materia de palma africana en Colombia, hay mucho por aprender aún de lo que nunca debió haberse hecho.

Presidenta

Con la expedición en el año 2007 de la Ley del Plan de Desarrollo del gobierno, del Estatuto de Desarrollo Rural del mismo año y de la ley General Forestal de 2006, es posible en Colombia estructurar esquemas de pago por servicios ambientales.  Campesinos y cualquier propietario o poseedor de tierras con alto valor biótico, podrá encontrar incentivos para conservarlas o restaurarlas. Este marco jurídico ha sido un viejo anhelo de muchos ciudadanos enfrentados a la presión de significativos ingresos de oportunidad provenientes de diferentes cultivos como el de la papa en los páramos, del aprovechamiento insostenible de la madera de bosques o del relleno de humedales para contar con más tierra urbana o arable. A pesar de este importante avance, las normas expedidas todavía requieren de reglamentación para que se genere un mercado real alrededor de la conservación. Este mercado solo se podrá generar cuando con base en reglas claras surjan proyectos de pago por servicios ambientales originados en compradores de un servicio determinado y proveedores de los mismos, en los cuales se definan acciones o no acciones que permitan generar, mantener o aumentar un servicio ambiental en un ecosistema. Dentro de los compradores deben estar los municipios y departamentos quienes tienen obligaciones ambientales que siempre han soslayado en grave detrimento de la sostenibilidad de las regiones, tan diversas entre sí en nuestro país.

Colombia, país megadiverso, con una normatividad ambiental de clase mundial, tiene reconocidas condiciones sociales y económicas que amenazan permanentemente la conservación de nuestros recursos naturales. Son la pobreza en las zonas rurales, la presión del crecimiento urbano e industrial en zonas con fragilidad institucional,  los cultivos ilícitos así como los tradicionales de manera insostenible, y la poca decisión de los alcaldes de resolver el problema de las aguas residuales.

Desarrollar un modelo económico que les permita recibir su mejor ingreso de oportunidad a campesinos, particulares, comunidades organizadas por proteger recursos naturales que son patrimonio de los colombianos y de todo el mundo, es de alta prioridad en las políticas públicas pendientes. Esto también nos hace estar atentos a las decisiones de la cumbre de Copenhague, porque todos conocen que a Colombia no solo la afecta sus condiciones socio-económicas, sino el efecto global de los gases efecto invernadero, tanto en los casi cuatro mil kilómetros de costas como en nuestras cada vez más pequeñas nieves perpetuas.

Destacado: Colombia tiene reconocidas condiciones sociales y económicas que amenazan permanentemente la conservación de nuestros recursos naturales.