Así lo define la empresa paisa Rago S.A., que expuso la po¬lémica idea en la pasada Feria Ambiental de Medellín.

El argumento para cambiar la milenaria posición de las mu¬jeres para hacer ‘pipí’ es simple: cada vez que la mujer lo hace, desperdicia al menos 4 litros de agua al descargar la cisterna. También los hombres, cuando no usan orinales sino inodoros comunes y silvestres.

Así, la idea es que tanto los unos como los otros hagan uso de los orinales que también está promocionando dicha firma. Se trata de orinales ecológicos, que en vez de descargar agua, funcionan almacenando la orina en unas campanas de micro encapsulado que se remplazan periódicamente y que además son reutilizables, explicó el Ingeniero Juan Carlos Rodríguez, de Rago S.A.

Ese tipo de orinales ya se han implementando en otros países e incluso funciona en lugares como el Edificio Inteligen¬te de las Empresas Públicas de Medellín, el Hotel Intercontinen¬tal, el Aeropuerto José María Córdoba, la Central Mayorista, las sedes del Poblado y el Centro de la Clínica de Medellín.

¿Y cómo hacen las mujeres?

La idea es racionalizar el uso del agua. “Hemos creado un dispositivo que funciona a manera de embudo, que brinda a las mujeres la oportunidad de orinar sin hacer maromas en los retretes de los baños públicos, además de conservar las condi¬ciones de higiene y reducir al mínimo las infecciones”, agregó Rodríguez.

Inicialmente, las extensiones desechables tienen un costo de 500 pesos por docena y 6.200 pesos doce docenas, es decir 144 unidades.
La campaña busca además remplazar en su totalidad los orinales a base de agua y reducir, con el apoyo de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, el consumo de al menos 180 millones de litros de agua al año.

Director Ejecutivo Centro de Estudios en Política y Legislación Ambiental de Colombia CEPLAC Socio de la firma Guerrero Ruiz & Asociados

Histórico. Así, el sector ambiental del país calificó la reforma al Código de Minas, un triunfo justo que a su juicio, dejó por fin a salvo de la explotación minera a los páramos y los humedales del país.

La mención de la actividad minera excluida en las zonas de páramo y los humedales designados como sitios Ramsar resulta reconfortante, sin embargo, ya la Corte Constitucional (en juicio de exequibilidad del artículo 34 del Código de Minas) había precisado que la norma no se refería solamente a los parques nacionales naturales, los regionales y las reservas forestales, sino que la exclusión contenía todas las categorías de protección previstas en la legislación ambiental. Sin pretender ser aguafiestas, creo que celebramos una conquista que ya la rama judicial nos había otorgado.

La embriaguez de la victoria llevó al sector a sentirse satisfecho, pero lo que siguió no fue tan gratificante. El mismo artículo 34 del Código modificado, prevé que las reservas forestales nacionales declaradas por la ley 2ª de 1959, así como las regionales, pueden ser objeto de sustracción para adelantar actividades mineras. Lo preocupante del caso es que el título minero puede ser otorgado sin que se haya producido tal sustracción, así, se puede anticipar que frente a la minería, las sustracciones de las reservas forestales se convertirán en meros trámites, tanto así que la norma ni siquiera presumió los efectos que tendría la negativa de la autoridad ambiental a efectuar una de éstas. Fundamental habría sido que el legislador hubiese advertido el carácter condicionado de los títulos mineros en este evento, sujetos a la autorización de la sustracción por parte de la autoridad.

De cualquier modo, algo se escapó de la pluma minera en la redacción de este artículo en beneficio de las reservas forestales nacionales que no fueron declaradas por la Ley 2ª de 1959: no son mencionadas dentro de las que pueden ser objeto de sustracción; ello deja a salvo las reservas forestales nacionales declaradas por el INDERENA o por el propio Ministerio de Ambiente, como la del Bosque Oriental de Bogotá. Eso sí hay que celebrarlo. Habrá que esperar en todo caso a los intérpretes autorizados de la ley, quienes seguramente acudirán a la facultad permanente del Ministerio de Ambiente para sustraer reservas forestales nacionales, a fin de soportar las que habrán de venir, para el desarrollo de la actividad minera.

Dejando de lado el despropósito que representa la legalización de la minería ilícita que se adelanta con mini dragas en las principales corrientes de departamentos como Chocó, que sustentan la oferta hídrica del país, lo del Código de Minas no resulta tan malo a fin de cuentas: Lo ambiental se aproxima lento pero seguro al carácter de utilidad pública que hoy ostenta la minería, restituyendo un poco el equilibrio en la percepción de lo fundamental para el bienestar de los colombianos.

Agrólogo. Experto en Ecosistemas Urbanos, Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente. Asesor PNUD y Contratista de la SDA. Fundador y Director de la Fundación Línea Verde (2005-2009).

La planta de tabaco es una solanácea originaria de América. Descendientes del tabaco negro, se cultivan y procesan las variedades Burley y Virginia de tabaco rubio en mezcla para la elaboración de cigarrillos, además de las variedades de capa y cubita para cigarros o habanos.

El tabaco dio origen a una cultura socialmente aceptada de consumo personal mediante la combustión, aspiración y expulsión del aire, que genera dependencia; con efectos sicológicos como la sensación de seguridad, tranquilidad, relajamiento, etc., que lo hizo muy popular hasta el siglo pasado.

El consumo parte de la producción en campo, pasando por su procesamiento y curado, hasta los cigarros o cigarrillos, consolidando un negocio lucrativo para los empresarios vinculados al mismo y especialmente para las multinacionales que administran, manejan y controlan todos los eslabones de esta cadena productiva.

El modelo del cultivo, financiado por las tabacaleras a campesinos pobres con contratos de compra a precios predefinidos, se da en zonas de baja oferta ambiental y poco productivas, donde hay desdeño gubernamental y es el mismo modelo que se aplica a escala mundial.

El cultivo presenta condiciones poco equitativas para los productores, campesinos de las sabanas de la Costa Atlántica, el Huila y especialmente del departamento de Santander, sin opciones productivas, los cuales son sometidos a condiciones de subsistencia mínima, sin acceso a cadenas de producción rentables, créditos y con mínimo apoyo por parte del Estado.
La imagen del negocio tabacalero se ha venido deteriorando desde finales del siglo pasado por su relación con serios problemas asociados a la salud humana como: diversas formas de cáncer pulmonar, enfisemas e infarto cardíaco, entre otros, lo que ha dado origen a una movilización mundial en su contra. De igual manera se reconoce que un fumador convierte a los no fumadores en fumadores pasivos al contaminar y deteriorar el aire; argumento contundente en espacios cerrados, donde es inadmisible el consumo de tabaco y en donde es mucho más evidente que la decisión personal de fumar afecta el derecho de los demás a no querer hacerlo.

En respuesta a esta situación, el Congreso Colombiano emitió la Ley Antitabaco que prohíbe la venta al menudeo, la financiación del deporte y la cultura, la publicidad por cualquier medio masivo de comunicación y fumar en espacios cerrados, entre otros. Sin embargo, también desde el Ministerio de Agricultura se crean incentivos para el cultivo, se posiciona el producto en el Tratado de Libre Comercio con USA, se promueven cursos de capacitación para la certificación de los productores a través del SENA, se patrocinan líneas de investigación en conjunto con CORPOICA y se generan líneas de crédito que minimizan el riesgo financiero de las tabacaleras, creando incertidumbres en un tema incuestionable: La salud pública.

Con las restricciones de la Ley Antitabaco se obtuvo un gran triunfo, pero se acentúa el riesgo social para más de 10.000 familias de colombianos campesinos minifundistas muy pobres que sobreviven con el cultivo de cerca de 20.000 hectáreas de tabaco, desconocidos por la nueva Ley.
Una “Colombia libre de tabaco” enfrenta por un lado el consumo y por el otro, la producción en campo. Debemos apoyar las iniciativas para acabar con el consumo del tabaco en cualquiera de sus manifestaciones, pero incluir los mecanismos necesarios de soporte a la estructura social históricamente construida por las tabacaleras alrededor de los campesinos cultivadores: familias completas que podría recoger el narcotráfico, la guerrilla o el paramilitarismo.

20.000 hectáreas de cultivo, más de 10.000 familias asociadas y todos los seres humanos del planeta en riesgo… ¡Un reto en la lucha contra el tabaco!

Presidenta

La muerte a balazos de un hipopótamo y el supuesto daño ambiental ocasionado por una constructora en el arroyo León, en Barranquilla, increíblemente pusieron en evidencia a distintos actores de la sociedad, cuyos comportamientos dejan más dudas que certezas.

Instituciones del Estado y líderes de opinión optaron en estos casos por conceptos lejanos a la protección de la vida, el interés general y honrar la verdad. Es triste reconocer que los colombianos estamos inmersos en un ambiente de información distorsionada, pero es la verdad. El desafío para todos, y la causa de Catorce 6, es hacer los mayores esfuerzos por brindar información completa y elaborada con rigor, con el fin de recuperar el valor de la verdad y de los derechos preferentes que están planteados en la Constitución Nacional.

Lo evidente en el caso de los hipopótamos es la gran duda que dejó el comporta¬miento de Corantioquia al otorgar el permiso de caza de control antes de convocar a los actores del SINA, al menos para encontrarle una salida al problema. La Ley 99 de 1993 definió con sabiduría y mucha claridad la amplitud del Sistema Nacional Ambiental; pero para aprovechar sus bondades y cumplir la ley es necesario contar permanentemente con una actitud institucional abierta, participativa y transparente, lo que faltó en este caso. Corantioquia entonces le otorgó un contrato a la Fundación Vida Silvestre Neotropical, que realizó la solicitud de caza de control. Reconocemos en Catorce 6 (y hemos hecho informes) las graves consecuencias que traen las especies introducidas; sin embargo, había opciones en este caso. ¿Cómo pudieron leer los niños y adolescentes, a quienes les insistimos sobre la protección y conservación, la muerte de semejante animal a balazos?

Por otra parte, dejó una duda preocupante el dolor de la mayoría por la muerte de los hipopótamos, que no apareció cuando ocurrieron los falsos positivos. No hubo una reacción de igual magnitud. Lo mismo se puede decir del resto de las especies en peligro de extinción, ellas sí nuestras, pues ni quienes las comercian y las compran sufren ataques y censuras como los que recibió Corantioquia por el hecho. Pero lo más triste fue haber visto líderes de opinión unidos contra Corantioquia, sin brindarle al país un análisis sosegado del caso y sí buscando dividendos políticos.

El caso del supuesto brazo del arroyo León en Barranquilla ha sido también tema para estudio por las distorsiones, quizá por intereses, el cual involucraba unos supuestos daños ambientales y que produjo una multa cuantiosa del Damab (autoridad ambiental distrital) a una empresa. Hoy para la opinión pública no es clara la verdad, debido a las diversas versiones alimentadas por distintos grupos. La Corporación Bioparque, que edita Catorce 6, elaboró un estudio técnico que se presenta en esta edición, cuyos resultados son concretos. Las expectativas económicas y quizá otros intereses produjeron este ambiente distorsionado, así como percepciones que alimentan conflictos, a todas luces innecesarios en nuestro ya adolorido país

Director

En sólo una década los temas ambientales han recorrido un camino que va desde el corazón hasta el bolsillo. La militancia ambiental desde la Cumbre de Rio en 1992, ha movilizado líderes de opinión, artistas, vedettes y grupos de activistas hacia la causa del Planeta. Movilizaciones globales permitieron salvar especies como el cóndor californiano y el caballito de mar, pero también ecosistemas amenazados como las Islas Galápagos.

Colombia recibió esa influencia y ella se creció con la expedición de una constitución ecologista que adopta el desarrollo sostenible como modelo y una legislación que brinda a la sociedad organizada herramientas de participación en todo tipo de decisiones ambientales.

Pero simultáneo con ese empoderamiento social de los temas ambientales, se ha desarrollado cada vez con mayor preponderancia una influencia de los temas ambientales en las decisiones económicas. La reflexión ha evolucionado en el sentido de entender que además de flujos de inversión hay flujos de recursos que se agotan.

En la medida en que a la economía se le exigen respuestas a la crisis ambiental, ella empieza a preocuparse por la disponibilidad y calidad de los recursos naturales pues esos recursos pueden llegar a constituir una talanquera del crecimiento económico sostenido.

Por lo anterior, cada vez más compañías en mercados emergentes articulan el logro de su eficiencia y competitividad con la participación en los mercados de capitales. Y cuando llegan a ellos se dan cuenta que tales mercados en materia ambiental y social exigen más información y transparencia.

Esta es la razón por la que en los últimos años han surgido índices de sostenibilidad que informa a inversionistas potenciales sobre la sostenibilidad de las operaciones de compañías que cotizan en bolsa, y al hacerlo, estimulan la atención de estas a los temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo. No se trata ya de las obligaciones de ley asociadas a las licencias y/o permisos ambientales. Hablamos de las ventajas competitivas que logran la venta de bienes y/o servicios ambientales en la economía global.

Desde 1999 el Dow Jones estableció un índice de sostenibilidad con estas características. La unión europea en 2001 estableció el índice ASPI (Advanced Sustainable Performance Indexes) y un índice similar funciona en la Bolsa de Sao Paulo. Indicadores de sostenibilidad como los llamados PRINCIPIOS ECUADOR son cada vez mas exigidos por la banca multilateral y la banca global para el financiamiento de proyectos. Pero también la adscripción voluntaria de empresas a grupos empresariales que adoptan principios de responsabilidad ambiental, es cada vez más notoria.

El corazón y el bolsillo son una garantía de mejores días para la Tierra. Control social a los compromisos ambientales de los empresarios pero también desarrollo de un empresariado ecologista que pase por mirar los procesos con criterio de sostenibilidad. Menor cantidad de emisiones no sólo para evitar la sanción sino para mejorar el hábitat propio y de los vecinos. Menor cantidad de vertimientos además de disminuir las tasas retributivas para no enturbiar las aguas. Ahorro y uso eficiente del agua y de la energía para disminuir costos y mantener recursos que se agotan.

Pero también emprendimiento verde en las comunidades de vecinos. Que aprovechen los recursos de los que dispone sin agotarlos. Esos recursos que la naturaleza nos brinda son una fuente para superar los niveles de pobreza.

La condición de megadiverso que es nuestro país debe reflejarse en los indicadores económicos, para ellos es necesario pensar en el bolsillo sin abandonar el corazón.