Director Ejecutivo Centro de Estudios en Política y Legislación Ambiental de Colombia CEPLAC Socio de la firma Guerrero Ruiz & Asociados

Histórico. Así, el sector ambiental del país calificó la reforma al Código de Minas, un triunfo justo que a su juicio, dejó por fin a salvo de la explotación minera a los páramos y los humedales del país.

La mención de la actividad minera excluida en las zonas de páramo y los humedales designados como sitios Ramsar resulta reconfortante, sin embargo, ya la Corte Constitucional (en juicio de exequibilidad del artículo 34 del Código de Minas) había precisado que la norma no se refería solamente a los parques nacionales naturales, los regionales y las reservas forestales, sino que la exclusión contenía todas las categorías de protección previstas en la legislación ambiental. Sin pretender ser aguafiestas, creo que celebramos una conquista que ya la rama judicial nos había otorgado.

La embriaguez de la victoria llevó al sector a sentirse satisfecho, pero lo que siguió no fue tan gratificante. El mismo artículo 34 del Código modificado, prevé que las reservas forestales nacionales declaradas por la ley 2ª de 1959, así como las regionales, pueden ser objeto de sustracción para adelantar actividades mineras. Lo preocupante del caso es que el título minero puede ser otorgado sin que se haya producido tal sustracción, así, se puede anticipar que frente a la minería, las sustracciones de las reservas forestales se convertirán en meros trámites, tanto así que la norma ni siquiera presumió los efectos que tendría la negativa de la autoridad ambiental a efectuar una de éstas. Fundamental habría sido que el legislador hubiese advertido el carácter condicionado de los títulos mineros en este evento, sujetos a la autorización de la sustracción por parte de la autoridad.

De cualquier modo, algo se escapó de la pluma minera en la redacción de este artículo en beneficio de las reservas forestales nacionales que no fueron declaradas por la Ley 2ª de 1959: no son mencionadas dentro de las que pueden ser objeto de sustracción; ello deja a salvo las reservas forestales nacionales declaradas por el INDERENA o por el propio Ministerio de Ambiente, como la del Bosque Oriental de Bogotá. Eso sí hay que celebrarlo. Habrá que esperar en todo caso a los intérpretes autorizados de la ley, quienes seguramente acudirán a la facultad permanente del Ministerio de Ambiente para sustraer reservas forestales nacionales, a fin de soportar las que habrán de venir, para el desarrollo de la actividad minera.

Dejando de lado el despropósito que representa la legalización de la minería ilícita que se adelanta con mini dragas en las principales corrientes de departamentos como Chocó, que sustentan la oferta hídrica del país, lo del Código de Minas no resulta tan malo a fin de cuentas: Lo ambiental se aproxima lento pero seguro al carácter de utilidad pública que hoy ostenta la minería, restituyendo un poco el equilibrio en la percepción de lo fundamental para el bienestar de los colombianos.

Agrólogo. Experto en Ecosistemas Urbanos, Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente. Asesor PNUD y Contratista de la SDA. Fundador y Director de la Fundación Línea Verde (2005-2009).

La planta de tabaco es una solanácea originaria de América. Descendientes del tabaco negro, se cultivan y procesan las variedades Burley y Virginia de tabaco rubio en mezcla para la elaboración de cigarrillos, además de las variedades de capa y cubita para cigarros o habanos.

El tabaco dio origen a una cultura socialmente aceptada de consumo personal mediante la combustión, aspiración y expulsión del aire, que genera dependencia; con efectos sicológicos como la sensación de seguridad, tranquilidad, relajamiento, etc., que lo hizo muy popular hasta el siglo pasado.

El consumo parte de la producción en campo, pasando por su procesamiento y curado, hasta los cigarros o cigarrillos, consolidando un negocio lucrativo para los empresarios vinculados al mismo y especialmente para las multinacionales que administran, manejan y controlan todos los eslabones de esta cadena productiva.

El modelo del cultivo, financiado por las tabacaleras a campesinos pobres con contratos de compra a precios predefinidos, se da en zonas de baja oferta ambiental y poco productivas, donde hay desdeño gubernamental y es el mismo modelo que se aplica a escala mundial.

El cultivo presenta condiciones poco equitativas para los productores, campesinos de las sabanas de la Costa Atlántica, el Huila y especialmente del departamento de Santander, sin opciones productivas, los cuales son sometidos a condiciones de subsistencia mínima, sin acceso a cadenas de producción rentables, créditos y con mínimo apoyo por parte del Estado.
La imagen del negocio tabacalero se ha venido deteriorando desde finales del siglo pasado por su relación con serios problemas asociados a la salud humana como: diversas formas de cáncer pulmonar, enfisemas e infarto cardíaco, entre otros, lo que ha dado origen a una movilización mundial en su contra. De igual manera se reconoce que un fumador convierte a los no fumadores en fumadores pasivos al contaminar y deteriorar el aire; argumento contundente en espacios cerrados, donde es inadmisible el consumo de tabaco y en donde es mucho más evidente que la decisión personal de fumar afecta el derecho de los demás a no querer hacerlo.

En respuesta a esta situación, el Congreso Colombiano emitió la Ley Antitabaco que prohíbe la venta al menudeo, la financiación del deporte y la cultura, la publicidad por cualquier medio masivo de comunicación y fumar en espacios cerrados, entre otros. Sin embargo, también desde el Ministerio de Agricultura se crean incentivos para el cultivo, se posiciona el producto en el Tratado de Libre Comercio con USA, se promueven cursos de capacitación para la certificación de los productores a través del SENA, se patrocinan líneas de investigación en conjunto con CORPOICA y se generan líneas de crédito que minimizan el riesgo financiero de las tabacaleras, creando incertidumbres en un tema incuestionable: La salud pública.

Con las restricciones de la Ley Antitabaco se obtuvo un gran triunfo, pero se acentúa el riesgo social para más de 10.000 familias de colombianos campesinos minifundistas muy pobres que sobreviven con el cultivo de cerca de 20.000 hectáreas de tabaco, desconocidos por la nueva Ley.
Una “Colombia libre de tabaco” enfrenta por un lado el consumo y por el otro, la producción en campo. Debemos apoyar las iniciativas para acabar con el consumo del tabaco en cualquiera de sus manifestaciones, pero incluir los mecanismos necesarios de soporte a la estructura social históricamente construida por las tabacaleras alrededor de los campesinos cultivadores: familias completas que podría recoger el narcotráfico, la guerrilla o el paramilitarismo.

20.000 hectáreas de cultivo, más de 10.000 familias asociadas y todos los seres humanos del planeta en riesgo… ¡Un reto en la lucha contra el tabaco!