Presidenta

Hace 200 años se vivía un ambiente de ebullición intelectual y había un reconocimiento interesante a las inmensas riquezas naturales de la Nueva Granada. Desde 1783 se estaba desarrollando la Expedición Botánica dirigida por Mutis, el sabio Caldas lideraba temas de geografía, climatología, astronomía; y Humboldt, considerado el padre de la geografía universal, llegó estas tierras. Historiadores califican todo esto como precedente directo que alimentó el ánimo independentista del momento. La historia del estado de nuestros recursos naturales es muy interesante y ayuda a entender su situación actual. Sin embargo, lo que más se percibe hoy es una suerte de desgaste entre los adultos de los temas que tienen que ver con nuestra riqueza natural, y un gran interés entre los niños y jóvenes. También se presenta una lamentable ausencia de políticas ambientales entre las prioridades de los programas de los candidatos presidenciales.

Sin lugar a dudas la realidad ambiental de Colombia es el fruto del ánimo expansionista español por tierras y riquezas, y el desarrollo espontaneo determinado por intereses de diverso orden. Por ejemplo los cerros orientales de Bogotá hoy son bellísimos frente a lo que eran en 1801 cuando Humboldt los describió como “una muralla de rocosas casi verticales”. Los españoles arrasaron con los cedros para mobiliario y enchapes de templos, y con los nogales porque los indios los adoraban. Toda la madera se utilizaba para construir, cocinar y hornear. Por ello a comienzos del siglo XIX la falta de bosques afecto tanto el ecosistema que Bogotá se quedo sin agua. ¿Será que esta historia nos sirve para algo? ¿No valdrá la pena reflexionar y distinguir entre los proyectos de minería con criterios de sosteniblidad y responsabilidad, y los que no cuentan con ellos? ¿los de explotación petrolera?

La Constitución adoptada en 1991 es el gran quiebre de nuestro devenir ambiental. En ella se pasa de la responsabilidad por la gestión del ambiente en cabeza del Estado, a una responsabilidad compartida con los ciudadanos. Aparece para los ciudadanos el derecho a un ambiente sano y el deber de proteger las riquezas naturales de la Nación, principio que fundamentó la denominada función ecológica de la propiedad. Los ciudadanos tienen el derecho a construir riqueza, cumpliendo con una función en beneficio de la colectividad.

Después de 200 años de mirar los recursos naturales desde la variable económica, es la hora de que ciudadanos y empresas incorporemos a esa variable una que los asegure para esta y las futuras generaciones, que es la variable de la sostenibilidad.

Presidenta

No me es posible incluir todas las per­versidades, pero la lista de las que quedaron en evidencia en Copenhague es el verdadero mundo al revés.

Los países más proactivos en la lucha contra el calentamiento global, cuyos go­biernos, empresas y ciudadanos han asumido costos, terminaron en Copenhague margina­dos, y con poca influencia. Pero, además, ter­minaron cuestionados por los grupos de ONG y la prensa. Ser consciente de los intereses colectivos puede no pagar. Quizá terminaron marginados por su actitud de arroparse con la misma cobija entre los países desarrollados y no cuestionarse públicamente, cuando ha­berlo hecho por los altos intereses de la hu­manidad no hubiera tenido nada de malo.

China, en una actitud que desprecia la inteligencia y el comportamiento ético de países serios, se niega a las verificaciones para medir la reducción de emisiones. Como si en todo el mundo no se conociera la costumbre de su Estado de manipular la información. ¿Luego quién les va a creer que han cumpli­do con los compromisos globales? En reali­dad, tristemente, es posible que el vivo viva del bobo.

Los jóvenes del mundo, especialmente los de los países desarrollados, realizan con­ciertos y protestan para pedir compromiso de los gobernantes, pero ¿dónde está el cam­bio en su comportamiento hacia un consu­mo racional? ¿Por qué las áreas de mercadeo de los grandes fabricantes no logran reducir sus empaques y racionalizar sus productos y servicios? Estudios recientes de psicología del consumidor así lo confirman. Los jóvenes, así como los mayores también tienen creen­cias anticuadas y antiambientales. Ellos que podrían tener creencias menos manipuladas que los demás, todavía creen que un empa­que grande y vistoso refleja un mejor produc­to, que los pitillos les evitan las bacterias del vaso, que cargar una botella plástica de agua y movilizarse solo en carro y no en transporte público son señales de “clase”, y otras tantas creencias que contribuyen con el calenta­miento global. Los fabricantes inmersos en una fuerte competencia requieren de decisio­nes impuestas por los estados además de su responsabilidad social. De lo contrario, mue­ren en el mercado si se ponen solo de cons­cientes a suprimir los elementos que invitan a los consumidores a comprar sus productos, y que buena parte son antiambientales.

Quizás la esquizofrenia más grande frente al calentamiento global es la de los consumidores o ciudadanos del mundo, ¿será que a la mayoría no le importa ni cree que este le va afectar? Entonces, sí les toca a los gobiernos imponer normas que obliguen a un doloroso cambio de patrones en el con­sumo y la producción, pero muy pocos go­bernantes del mundo actual quieren asumir el costo político.

Nota: Enhorabuena el Ministerio de Am­biente expidió una Política de Producción y Consumo Sostenible, y que tenga el carácter de empezar a imponerla.

Presidenta

Con la expedición en el año 2007 de la Ley del Plan de Desarrollo del gobierno, del Estatuto de Desarrollo Rural del mismo año y de la ley General Forestal de 2006, es posible en Colombia estructurar esquemas de pago por servicios ambientales.  Campesinos y cualquier propietario o poseedor de tierras con alto valor biótico, podrá encontrar incentivos para conservarlas o restaurarlas. Este marco jurídico ha sido un viejo anhelo de muchos ciudadanos enfrentados a la presión de significativos ingresos de oportunidad provenientes de diferentes cultivos como el de la papa en los páramos, del aprovechamiento insostenible de la madera de bosques o del relleno de humedales para contar con más tierra urbana o arable. A pesar de este importante avance, las normas expedidas todavía requieren de reglamentación para que se genere un mercado real alrededor de la conservación. Este mercado solo se podrá generar cuando con base en reglas claras surjan proyectos de pago por servicios ambientales originados en compradores de un servicio determinado y proveedores de los mismos, en los cuales se definan acciones o no acciones que permitan generar, mantener o aumentar un servicio ambiental en un ecosistema. Dentro de los compradores deben estar los municipios y departamentos quienes tienen obligaciones ambientales que siempre han soslayado en grave detrimento de la sostenibilidad de las regiones, tan diversas entre sí en nuestro país.

Colombia, país megadiverso, con una normatividad ambiental de clase mundial, tiene reconocidas condiciones sociales y económicas que amenazan permanentemente la conservación de nuestros recursos naturales. Son la pobreza en las zonas rurales, la presión del crecimiento urbano e industrial en zonas con fragilidad institucional,  los cultivos ilícitos así como los tradicionales de manera insostenible, y la poca decisión de los alcaldes de resolver el problema de las aguas residuales.

Desarrollar un modelo económico que les permita recibir su mejor ingreso de oportunidad a campesinos, particulares, comunidades organizadas por proteger recursos naturales que son patrimonio de los colombianos y de todo el mundo, es de alta prioridad en las políticas públicas pendientes. Esto también nos hace estar atentos a las decisiones de la cumbre de Copenhague, porque todos conocen que a Colombia no solo la afecta sus condiciones socio-económicas, sino el efecto global de los gases efecto invernadero, tanto en los casi cuatro mil kilómetros de costas como en nuestras cada vez más pequeñas nieves perpetuas.

Destacado: Colombia tiene reconocidas condiciones sociales y económicas que amenazan permanentemente la conservación de nuestros recursos naturales.

Presidenta

Cuando algunas fuerzas vivas de Antioquia definieron como objetivo estratégico contar con un puerto en la bahía de Tribugá, comenzaron a ambientarlo ante el Gobierno Nacional. Resultó difícil para otras regiones del país comprender su importancia estratégica dados los costos que implicaría construirlo, hacer las carreteras de acceso y completar toda la infraestructura necesaria para que este fuera en efecto un puerto útil para ese departamento, el Chocó y subsidiarimente para el resto del país.  Con la batimetría de Tribugá en mi escritorio, en donde no hay puntos de más de 4 metros de profundidad y la falta de infraestructura, la conclusión es que ésta inversión solo se justificaría con un gran volumen de carga que estuviera demandando servicios portuarios.

La alta ocupación de la capacidad del puerto de Buenaventura hace dos años sirvió de justificación para los promotores de nuevos proyectos portuarios que requieren de infraestructura con recursos del estado. El terminal portuario de Buenaventura finalmente resolvió su problema de capacidad mediante reingeniería y mejor aprovechamiento de los recursos existentes, con inversiones privadas, aprovechando el nuevo horizonte para recuperacion de inversion hasta 2034. La Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura con la ampliación de 20 años adicionales de la concesión hizo inversiones para duplicar su capacidad; de igual manera el puerto de Barcelona con inversionistas privados están construyendo el puerto TCBUEN, Muelle 13 expandió su capacidad y la empresa ARGOS también construyó el muelle CEMAS. Con estas inversiones privadas la bahía de Buenaventura vuelve a quedar con una capacidad suficiente para atender más del 50% de la demanda nacional de servicios portuarios (excluyendo carbón y petróleo) y de lo único que requiere es de profundización y mantenimiento del canal público de acceso existente. De igual manera inversionistas privados han ampliado la capacidad portuaria de Colombia en la bahía de Cartagena optimizando los terminales existentes en la época de Colpuertos y construyendo modernos puertos privados, similar ejercicio, a menor escala, se ha visto en la zona portuaria de Barranquilla, de Santa Marta, y otras los cuales como casi todos los puertos del mundo necesitan mantenimiento de sus canales de acceso.

Pero la promoción del puerto de Tribugá, a ser construida su infraestructura con recursos públicos, no hizo esperar la aspiración Vallecaucana ante el gobierno nacional sobre Bahía Málaga.  La disputa por recursos del presupuesto nacional al estilo del siglo pasado, queda descolocada ante las fuerzas del mercado, pero  si logra imponerse en inversiones como estas, puede disminuirle la competitividad a una economía.

La aspiración del Valle del Cauca con Bahía Málaga es un resultado obvio ante la posibilidad de tener que repartir la carga de Buenaventura con Tribugá y de asumir su distancia. Bahía Málaga tiene una ventaja frente a Tribugá, y es que sí bien, cuenta con las profundidades necesarias para un puerto capaz de recibir buques de gran calado, al igual que Tribugá le hacen falta 100 kms  de carretera para conectarse con la actual carretera Buenaventura – Buga, y asi llegar a los centros de consumo y conectarse con el resto del país.

En consecuencia ambos proyectos requieren de altas inversiones en infraestructura para que sean puertos útiles para los respectivos departamentos y el país. Sus promotores buscan que sea el estado el que haga las inversiones de infraestructura, y siguen justificando los puertos aun cuando no existen las condiciones de mercado para que sean viables.  No hay suficiente carga para las facilidades portuarias que ya tiene el país, y no se puede colegir de la ampliación del Canal de Panamá que esta vaya a generar más carga domestica (de importación y exportación), y menos claro aún el impacto de la efímera carga de transbordo.

Ahora los promotores de ambos proyectos tienen a las posibilidades de declaratoria de parque nacional o zonas de reserva, y de negación de licencias ambientales, como sus grandes enemigos.

Deliberadamente he hecho caso omiso de los costos ambientales de ambos proyectos, para que la controversia pública no sea llevada hábilmente al enfrentamiento entre desarrollistas y conservacionistas. La realidad es que no hay suficiente carga para estos nuevos puertos y si a sus inmensas inversiones le agregamos los costos ambientales de intervenir tan valiosos ecosistemas,  la conclusión irrebatible es que son inviables financiera, social y ambientalmente. Valdrá Colombia en el mundo global mucho más por sus ecosistemas protegidos que por puertos y carreteras subutilizados en medio de un paisaje desolado. Un acendrado sentimiento regional no puede convertirse en un sentimiento anti-nacional.

Presidenta

La muerte a balazos de un hipopótamo y el supuesto daño ambiental ocasionado por una constructora en el arroyo León, en Barranquilla, increíblemente pusieron en evidencia a distintos actores de la sociedad, cuyos comportamientos dejan más dudas que certezas.

Instituciones del Estado y líderes de opinión optaron en estos casos por conceptos lejanos a la protección de la vida, el interés general y honrar la verdad. Es triste reconocer que los colombianos estamos inmersos en un ambiente de información distorsionada, pero es la verdad. El desafío para todos, y la causa de Catorce 6, es hacer los mayores esfuerzos por brindar información completa y elaborada con rigor, con el fin de recuperar el valor de la verdad y de los derechos preferentes que están planteados en la Constitución Nacional.

Lo evidente en el caso de los hipopótamos es la gran duda que dejó el comporta¬miento de Corantioquia al otorgar el permiso de caza de control antes de convocar a los actores del SINA, al menos para encontrarle una salida al problema. La Ley 99 de 1993 definió con sabiduría y mucha claridad la amplitud del Sistema Nacional Ambiental; pero para aprovechar sus bondades y cumplir la ley es necesario contar permanentemente con una actitud institucional abierta, participativa y transparente, lo que faltó en este caso. Corantioquia entonces le otorgó un contrato a la Fundación Vida Silvestre Neotropical, que realizó la solicitud de caza de control. Reconocemos en Catorce 6 (y hemos hecho informes) las graves consecuencias que traen las especies introducidas; sin embargo, había opciones en este caso. ¿Cómo pudieron leer los niños y adolescentes, a quienes les insistimos sobre la protección y conservación, la muerte de semejante animal a balazos?

Por otra parte, dejó una duda preocupante el dolor de la mayoría por la muerte de los hipopótamos, que no apareció cuando ocurrieron los falsos positivos. No hubo una reacción de igual magnitud. Lo mismo se puede decir del resto de las especies en peligro de extinción, ellas sí nuestras, pues ni quienes las comercian y las compran sufren ataques y censuras como los que recibió Corantioquia por el hecho. Pero lo más triste fue haber visto líderes de opinión unidos contra Corantioquia, sin brindarle al país un análisis sosegado del caso y sí buscando dividendos políticos.

El caso del supuesto brazo del arroyo León en Barranquilla ha sido también tema para estudio por las distorsiones, quizá por intereses, el cual involucraba unos supuestos daños ambientales y que produjo una multa cuantiosa del Damab (autoridad ambiental distrital) a una empresa. Hoy para la opinión pública no es clara la verdad, debido a las diversas versiones alimentadas por distintos grupos. La Corporación Bioparque, que edita Catorce 6, elaboró un estudio técnico que se presenta en esta edición, cuyos resultados son concretos. Las expectativas económicas y quizá otros intereses produjeron este ambiente distorsionado, así como percepciones que alimentan conflictos, a todas luces innecesarios en nuestro ya adolorido país

Presidenta

Una emergencia sanitaria decretada en 1988 y motivada por la pésima gestión de las basuras, fue el origen de la operación privada del servicio público de aseo.

El diseño que en esos tiempos se realizó, tuvo un énfasis en el modelo financiero de manera que resultara de interés para actores privados, omitiendo los criterios de sostenibilidad ambiental.

Desde entonces Bogotá ha tenido importantes resultados en limpieza urbana y en la atención de hechos cumplidos como los de la disposición final. Por ello, la capital ha sido una referencia en Colombia y América Latina en materia de esquemas para la recolección, el barrido, la limpieza y disposición final de residuos.

Los contratos actuales de recolección, barrido y limpieza vencen en 2010, lo que significa un desafío para el Distrito de ir incorporando más elementos de sostenibilidad ambiental, de forma tal, que se preserve el modelo económico. De manera concomitante, la vida útil del relleno de Doña Juana, fruto de una decisión reciente de la CAR, podría tener escasos 7 años más.

Ante esta realidad tiene sentido la decisión adoptada por la UAESP de mirar integralmente el esquema, sus aciertos y vacíos a la luz de experiencias internacionales.

Aunque emergencias como la de 1988 no se han vuelto a presentar, los impactos ambientales de experiencias como la de Doña Juana siguen siendo muy grandes para las comunidades vecinas y para la calidad de los suelos. Así mismo, es importante analizar el impacto en las tarifas de muchos elementos que pueden efectivamente mejorarse.

Es el caso de los costos del transporte, por contar con este sitio de disposición final y la necesidad de asegurarse que los recursos recibidos de la tarifa se apliquen exclusivamente en la prestación del servicio, como lo indica la ley 142.

Por otra parte, es necesario revisar, y en especial por parte de la Comisión de Regulación de Agua y Aseo, el componente de aprovechamiento o reciclaje de residuos. El esquema de los contratos de Bogotá teóricamente incorporaba este componente, que se implementaría con las llamadas rutas selectivas, pero ello no tuvo los resultados que se esperaban.

Enhorabuena aparecen estas miradas a la experiencia Bogotana, y se hace comparándola con otras de otros paises.

El resultado del intercambio y evaluación de los dos foros programados por la UAESP, van a marcar el rumbo de la solución a una problemática que sigue siendo vigente: Los residuos domésticos siguen siendo el drama en todas las regiones de Colombia.

Presidenta

Y a empezaron las campañas por la Presidencia de la República, y Catorce 6 quiere invitar a todos los candidatos, inclusive al presidente Uribe, a construir una agenda con prioridades definidas que recoja una visión de país, ojalá compartida por la mayoría, que permita superar la radicalización que hoy se presenta entre quienes ven los requerimientos ambientales como problemas y quienes tienen a la conservación ambiental como único camino. Ésta debe impulsar las actuaciones de los actores privados, empresariales, comunitarios y estatales, en búsqueda de un país sostenible, generador de riqueza para todos, sobre todo en momentos en que los indicadores económicos empiezan a dar señales preocupantes. La agenda también debe permitir aclarar las colisiones intra-estado que se están presentando por falta de políticas claras.

Los candidatos en sus campañas seguramente le darán los énfasis que consideren a cada tema del campo ambiental, pero lo importante es que éste escale peldaños de importancia en las políticas de estado.

Hoy se puede asegurar que el devenir económico y ambiental del país enfrenta dificultades por las diferencias en el ejercicio de la autoridad y en la aplicación de políticas por parte de las distintas entidades competentes. Las graves incertidumbres sobre el futuro que tienen inversionistas y comunidades sobre posibles proyectos o actuales desarrollos, es lo que frena innumerables posibilidades para la superación de la pobreza de manera sostenible y sustentable. Las colisiones entre dependencias del Gobierno nacional, Gobiernos locales y autoridades ambientales regionales son hoy un grave freno para la superación de la pobreza.

Falta el gran acuerdo nacional para el desarrollo del país, que debe centrarse en impulsarlo frenéticamente de manera sostenible y sustentable. Las mentes que tienen la cosmovisión del pasado, que la tierra produce de manera ilimitada, y se inclinan por el camino fácil de las actividades extractivas sin ninguna consideración, son quienes no comprenden el sentido de los requerimientos ambientales. Entre esas pueden haber estado, por ejemplo aquellas que hicieron todo el cabildeo para expedir el Código de Minas en el 2001. ¿Qué le paso al Ministerio de Medio Ambiente?

Quizá sería eficaz para llamar la atención de quienes definen las prioridades de gobierno, quitarle el nombre de políticas ambientales y mejor dar la discusión sobre cómo lograr el desarrollo sostenible en Colombia. Pero antes que esto, se hace necesario elevar el nivel de información sobre los temas ambientales de la ciudadanía en general, de los empresarios, funcionarios públicos y líderes comunitarios para mejorar la formación de opinión y las tomas de decisiones. Esa es la causa de Catorce 6. En este año y medio de experiencia y ya cuatro premios de periodismo están para brindar información especializada en lo ambiental con un lenguaje de fácil comprensión para todos los públicos. Por la importancia que tiene la agenda ambiental en Colombia y en el mundo, vamos a dedicar un importante espacio para difundir la manera cómo quienes pretenden la dirección del estado, se aproximan a esta materia. Colombia tiene la oportunidad de andar un camino de progreso con criterios de sostenibilidad y sus líderes están en la obligación de recorrerlo.