De acuerdo con los habitantes del sector la  mayoría de estos hechos se llevan acabo en la noche, momento en el cual los traficantes aprovechan para transportar finas maderas del nevado hacia los centros de consumo en el interior del país.

Como hecho curioso también se vió con preocupación  las autorizaciones originadas por la corporación del sur de Bolívar que permiten el transporte y recolección de madera en el Parque Nacional Natural del Cocuy.

En el foro se pidió la colaboración a los Gobernadores de Casanare, Boyacá y Norte de Santander para que se tomen medidas que impidan el trasporte de madera proveniente de Arauca, es decir que decomisen cualquier cargamento que transporte con salvoconductos de Corporaciones diferentes a las que tienen jurisdicción sobre el parque Nacional.

“Permitir la tala de los bosques de la zona de amortiguación del majestuoso Nevado del Cocuy es acelerar la degradación de la capa polar y con ello la destrucción de buena parte de los llanos que se surte de agua de este colosal regalo de la naturaleza”, Afirmó el Alcalde de Tame Arauca.

Por su parte Corporinoquia insistió en que desde hace más de dos años no se expiden licencias, permisos o salvoconductos para aprovechamiento, transporte o comercialización de madera en su jurisdicción, por lo tanto la fuerza pública puede detener a cualquier persona que presente un documento expedido bajo estos parámetros que con toda seguridad son falsos.

Los presuntos estafadores abordan  a sus víctimas ofreciéndoles exorbitantes sumas de dinero que oscilan entre U$ 900 y U$ 25.000 por hectárea, cuando el valor real que se puede percibir en este tipo de proyectos de Mecanismos de Desarrollo Limpio es de U$ 100.

Atraídas por las posibilidades de percibir cuantiosas ganancias, las víctimas acceden a entregar sumas de dinero que los presuntos delincuentes solicitan para supuestamente solventar gastos de funcionamiento, viáticos, viajes, traducción de los proyectos y logística general para inscribir los proyectos y de esa manera ingresar al mercado internacional del carbono de los Certificados de Emisiones Reducidas.

En algunos casos, las víctimas son inducidas  a firmar contratos donde ceden el uso de sus tierras por un determinado periodo de tiempo.

Según cifras del Ministerio de Ambiente, durante los últimos dos años se han recibido cerca de mil llamadas y denuncias. Aunque el l fenómeno azota a todo el país, hasta el momento los más perjudicados han sido los departamentos de Amazonas, Chocó y Tolima.

A fin de evitar nuevas estafas, el ministro Carlos Costa Posada hizo un llamado a todos los campesinos del país y a propietarios de predios con plantaciones de bosques a pequeña, mediana y gran escala, a fin de que se abstengan de firmar cualquier tipo de documento o de hacer transacciones con dichas entidades inescrupulosas.

“Ante esta advertencia, quienes sean objeto de este tipo de ofrecimientos deben acudir de manera inmediata  ante las autoridades, las corporaciones autónomas y el Ministerio, para denunciar la irregularidad”, afirmó el Ministro de Ambiente.

Cómo funciona en realidad el proyecto.

1. En primer lugar, los interesados deben certificar la no existencia de bosque antes de 1990 en el área que quiere ser elegible para no incentivar que corten bosques y aplicar al mecanismo.

2. Se deben elaborar un sencillo documento de nota para presentarlo al Grupo de Mitigación de Cambio Climático del MAVDT, que debe entregar una carta de no objeción, prerrequisito para continuar con el trámite.

3. Elaborar un documento de Diseño de Proyecto, con el apoyo de conocedores en materia forestal y del carbono  en el que se elige una de las 10 metodologías reconocidas por la Conferencia Marco de la ONU para el Cambio Climático, y se realizan los cálculos de reducciones, costos, beneficios y demás cuestiones técnicas.

4. Una vez finalizado este documento es remitido nuevamente al MAVDT (Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial), autoridad encargada de decidir si otorga la carta de aprobación nacional, con la cual el dueño del proyecto puede contactar a una entidad operacional designada, reconocida por la misma instancia de Naciones Unidas.

El caso fue expuesto durante el taller “Protección y Conservación internacional”, realizado por la Embajada de los Estados Unidos, en Cartagena, durante los primeros días del mes de septiembre.

Pomare aseguró que barcos de países como Honduras, República Dominicana, Jamaica, e incluso de la Isla Gran Caimán (jurisdicción de los Reinos Unidos de Inglaterra) y Vietnan, ingresan de manera ilegal al país y se llevan anualmente entre 100 y 150 toneladas de peces de arrecifes, caracol pala (en vías de extinción) y langostas, estos dos últimos muy perseguidas por su alto precio económico en el mercado internacional.

Lo peor de todo, dice Clinton, es que estas especies son, en algunos casos, capturadas sin cumplir con la talla requerida y aún con huevos. “Esto además de representar un riesgo para los recursos naturales marinos de Colombia, hace que se le disminuya la cuota legal a los barcos pesqueros nacionales y extranjeros que ingresan al país de forma legal”, complementa.

Los novedosos  métodos de pesca también ponen en riesgo la vida marina.

Según Clinton, los pescadores ilegales usan tanques y comprensores, prohibidos para pescar en mar abierto. “Estos comprensores le permiten a los pescadores permanecer hasta cuatro horas en las profundidades del mar y extraigan más especies de langostas y caracol pala que un pescador normal. Estos pescadores por lo general llevan un saco en el que echan hasta 30 langostas y caracoles, capturados en menos de una o dos horas”.

La raíz del problema

Clinton cree que el problema está en que no hay suficientes autoridad ni infraestructura para enfrentar el problema. “Los Guardacostas y la Armada Nacional hacen todo lo posible por impedir que estos barcos extranjeros nos invadan, pero son muchas las entradas por donde pueden  ingresar y muy pocos los miembros de las autoridades para vigilar los 250 mil metros cuadrados que comprenden la Isla de San Andrés”.

El funcionario calcula que mensualmente ingresan al país de forma ilegal entre dos y cuatro barcos pesqueros y que estos se están llevando más del 50 por ciento de la producción pesquera.

Al problema se le suma los transbordos que se hacen entre barcos de bandera colombiana y extranjera. “Los de bandera colombiana van y pescan para luego llevárselos a las flotas piratas de Honduras, Jamaica y República Dominicana”, asegura.

Todo esto ha llevado a que la producción de peces en la Isla de San Andrés éste disminuyendo hasta el punto que ni los pecadores del Archipiélago encuentran peces para vender o consumir.

Durante el taller, “Protección y Conservación internacional”, al que asistieron miembros de la Armada Nacional, de Estados Unidos y México, entre otros; y funcionarios de entidades relacionadas con el tema de pesca y medio ambiente (ICA, Parques Nacionales Naturales, Minambiente) también se dieron a conocer los mecanismos utilizados por los diferentes países para evitar que barcos ingresen ilegalmente a mares de otros países, con el fin de extraer los recursos naturales, hacer pesca y transportar droga.

De las conclusiones y mesas de trabajo saldrá un manual ambiental que se anexará al existente y que facilitará la labor de las autoridades marítimas para controlar los mares colombianos.

Según Willian Pedraza, coordinador de asuntos internacionales de Dimar, el manual estaría listo antes de finalizar el año y luego remitido a los altos mandos, quienes le darán el visto bueno.

Información de interés

Cuando se hacen los decomisos de peces y crustáceos se donan a entidades sin ánimo de lucro o se hace una subasta.

Las zonas de pesca más vulnerables de San Andrés son los Cayos del Norte, Serranía, Quita Sueño, Roncador, Bajo Nuevo y Serranía.

Datos de pesca

Según datos del ICA y la Secretaria de Pesca, en San Andrés Islas, existe una flota pesquera de 120 embarcaciones legales de las cuales 80 son nacionales. En todo el país se cuentan 332 embarcaciones de ellas 283 están activos.

Se estima que las embarcaciones ilegales extraen entre 100 y 140 toneladas de langosta  por año. Legalmente se extraen 250 toneladas anualmente.

Según Adriana Suárez, funcionaria del ICA, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y desarrollo Territorial; el ICA, DIMAR y la Secretaría de Agricultura, trabajan en el plan Nacional de acción para combatir la pesca ilegal no declarada, no reglamentada, con la que se busca fortalecer los controles en aguas jurisdiccionales, aumentar los controles de desembarcos e impartir sanciones administrativas, entre otros.

Colombia también hará parte la Red de Monitoreo, Control y Vigilancia para la pesca ilegal no reglamentada, a la que ya pertenecen 20 países.

También se trabaja en un proyecto que incluya a los países vecinos y que ayude con el control y vigilancia en la entrada y salida de embarcaciones, en cada uno de los países. De esta manera se pretende reducir el tráfico ilegal de miles de especies.

Sanciones:

Según datos del ICA, en San Andrés Islas, hasta el 2008 había 182 procesos por pesca ilegal de ellas 106 han sido ejecutoriados.

Entre las metas de ICA están:

Fortalecer la unidad de control de las estaciones de Guarda Costas.
La implementación de sistemas satelital en las embarcaciones
Acuerdos con países para controlar la entrada y salida de embarcaciones ilegales.

El proyecto, que se viene planteando desde hace varios años, tendría carácter regional, por lo que recibiría mensualmente varios miles de toneladas de basura producidas en municipios de Cundinamarca como Zipaquirá, Ubaté, Tausa, Sutatausa, Nemocón y  Tocancipá, que hoy tienen que recorrer distancias excesivas para disponer sus residuos.

El movimiento de resistencia del viernes fue liderado por el alcalde de la población, José Fidel Vega. “En Nemocón se hizo una consulta popular en el año 2006; el 97 por ciento del municipio se pronunció en contra del establecimiento de un relleno sanitario”, afirmó el Alcalde.

No obstante, la consulta no es suficiente. Así lo dejó claro la Corporación Autónoma de Cundinamarca (CAR), que le dio licencia al proyecto bajo el argumento de que esta no puede estar por encima de una política nacional, como es en este caso la Política de Rellenos Sanitarios Regionales.

La Corte Constitucional había confirmado la decisión del juzgado 22 del circuito de Bogotá, del tribunal superior de Cundinamanrca y de la Corte Suprema de Justicia. Los tres coincidieron en que la consulta popular no es válida para condicionar a la CAR  para el otorgamiento de una licencia ambiental.

Política Nacional

La Política Nacional de Rellenos Sanitarios Regionales obliga a los municipios a clausurar todos los botaderos a cielo abierto y a disponer adecuadamente los residuos en sitios que cumplan con todos los estándares ambientales.

La aplicación de tal Política ha encontrado en las comunidades vecinas sus principales opositores, como es el caso de Nemocón. Los ciudadanos temen por la generación de olores y el impacto de los lixiviados sobre sus cuerpos de agua. Además, por la desvalorización de sus tierras al tener como vecino un proyecto que realiza tratamiento de basuras.

Sin embargo, la falta de información con la que cuentan las comunidades sobre las características de estos proyectos podría estar jugando en contra. Fuentes cercanas al proyecto manifestaron que el desconocimiento técnico de muchos de los líderes en Nemocón podría estar obstaculizando un proyecto que “a todas luces beneficiaría a la región”.

El funcionario, que llevaba apenas dos semanas de haberse posesionado en ese cargo, fue asesinado la noche del sábado en Sabanalarga (Atlántico). Llinás se había desempeñado como registrador municipal en Suán (Atlántico).

El asesinato ocurre en momentos en que la CRA está en el ojo del huracán debido a una oleada de denuncias de corrupción y asesinatos. El pasado 24 de enero fue muerto también en un atentado Julio César Otero, consejero de la CRA.

Durante un recorrido de inspección ocular al Cerro realizado por personal de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), los funcionarios se percataron de que la obra no contaba con los permisos ambientales, por lo que procedieron a ordenar el cierre.

según la CVC se trata de un terreno no apto para el desarrollo de vivienda por la inestabilidad del suelo, ya que es una zona de antiguas explotaciones mineras y de fuerte pendiente, lo que podría ocasionar deslizamientos de tierra en el futuro.

Esta semana la CVC realizará una reunión con los constructores para escuchar sus inquietudes; sin embargo a partir del cierre la corporación inició acuerdos para la reforestación y mitigación del proceso de erosión. Foto CVC 

Foto CORPORINOQUIA 

Según Luis Enrique Villalba Klein, especialista en fauna silvestre de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), el precio de cada uno de estos animales en el mercado negro nacional es de 250 mil pesos y en Estados Unidos su valor puede ascender a los 5.000 dólares.

Los animales fueron dejados por los traficantes de fauna silvestre en una caja de cartón al verse acosados por las autoridades, quienes los entregaron a la CVC para su recuperación y posterior liberación. Foto CVC

BOGOTÁ. La Policía y las autoridades ambientales establecen la identidad de un vecino del barrio La Camelia, en el occidente de Bogotá, que tenía en cautiverio un avestruz.

El animal, que permanece en el Centro de Recepción y Rehabilitación de Flora y Fauna silvestre de la Secretaría Distrital de Ambiente, había saltado de una terraza, lo que hizo que la comunidad diera aviso a las autoridades.Al parecer el animal era maltratado, según expertos de esa Secretaría, que reportaron que el polluelo tenía lesiones en alas y patas y escaso plumaje.El polluelo será trasladado al zoológico del Parque Jaime Duque, a las afueras de la Capital de la República.

El poseedor del animal podría hacerse acreedor a una sanción por tenencia ilegal de fauna silvestre y por maltrato. Foto: Secretaría Distrital de Ambiente.