Alfonso lópez Q.

Agrólogo. Experto en Ecosistemas Urbanos, Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente. Asesor PNUD y Contratista de la SDA. Fundador y Director de la Fundación Línea Verde (2005-2009).

La planta de tabaco es una solanácea originaria de América. Descendientes del tabaco negro, se cultivan y procesan las variedades Burley y Virginia de tabaco rubio en mezcla para la elaboración de cigarrillos, además de las variedades de capa y cubita para cigarros o habanos.

El tabaco dio origen a una cultura socialmente aceptada de consumo personal mediante la combustión, aspiración y expulsión del aire, que genera dependencia; con efectos sicológicos como la sensación de seguridad, tranquilidad, relajamiento, etc., que lo hizo muy popular hasta el siglo pasado.

El consumo parte de la producción en campo, pasando por su procesamiento y curado, hasta los cigarros o cigarrillos, consolidando un negocio lucrativo para los empresarios vinculados al mismo y especialmente para las multinacionales que administran, manejan y controlan todos los eslabones de esta cadena productiva.

El modelo del cultivo, financiado por las tabacaleras a campesinos pobres con contratos de compra a precios predefinidos, se da en zonas de baja oferta ambiental y poco productivas, donde hay desdeño gubernamental y es el mismo modelo que se aplica a escala mundial.

El cultivo presenta condiciones poco equitativas para los productores, campesinos de las sabanas de la Costa Atlántica, el Huila y especialmente del departamento de Santander, sin opciones productivas, los cuales son sometidos a condiciones de subsistencia mínima, sin acceso a cadenas de producción rentables, créditos y con mínimo apoyo por parte del Estado.
La imagen del negocio tabacalero se ha venido deteriorando desde finales del siglo pasado por su relación con serios problemas asociados a la salud humana como: diversas formas de cáncer pulmonar, enfisemas e infarto cardíaco, entre otros, lo que ha dado origen a una movilización mundial en su contra. De igual manera se reconoce que un fumador convierte a los no fumadores en fumadores pasivos al contaminar y deteriorar el aire; argumento contundente en espacios cerrados, donde es inadmisible el consumo de tabaco y en donde es mucho más evidente que la decisión personal de fumar afecta el derecho de los demás a no querer hacerlo.

En respuesta a esta situación, el Congreso Colombiano emitió la Ley Antitabaco que prohíbe la venta al menudeo, la financiación del deporte y la cultura, la publicidad por cualquier medio masivo de comunicación y fumar en espacios cerrados, entre otros. Sin embargo, también desde el Ministerio de Agricultura se crean incentivos para el cultivo, se posiciona el producto en el Tratado de Libre Comercio con USA, se promueven cursos de capacitación para la certificación de los productores a través del SENA, se patrocinan líneas de investigación en conjunto con CORPOICA y se generan líneas de crédito que minimizan el riesgo financiero de las tabacaleras, creando incertidumbres en un tema incuestionable: La salud pública.

Con las restricciones de la Ley Antitabaco se obtuvo un gran triunfo, pero se acentúa el riesgo social para más de 10.000 familias de colombianos campesinos minifundistas muy pobres que sobreviven con el cultivo de cerca de 20.000 hectáreas de tabaco, desconocidos por la nueva Ley.
Una “Colombia libre de tabaco” enfrenta por un lado el consumo y por el otro, la producción en campo. Debemos apoyar las iniciativas para acabar con el consumo del tabaco en cualquiera de sus manifestaciones, pero incluir los mecanismos necesarios de soporte a la estructura social históricamente construida por las tabacaleras alrededor de los campesinos cultivadores: familias completas que podría recoger el narcotráfico, la guerrilla o el paramilitarismo.

20.000 hectáreas de cultivo, más de 10.000 familias asociadas y todos los seres humanos del planeta en riesgo… ¡Un reto en la lucha contra el tabaco!