Cecilia Rodríguez González-Rubio

Presidenta

La muerte a balazos de un hipopótamo y el supuesto daño ambiental ocasionado por una constructora en el arroyo León, en Barranquilla, increíblemente pusieron en evidencia a distintos actores de la sociedad, cuyos comportamientos dejan más dudas que certezas.

Instituciones del Estado y líderes de opinión optaron en estos casos por conceptos lejanos a la protección de la vida, el interés general y honrar la verdad. Es triste reconocer que los colombianos estamos inmersos en un ambiente de información distorsionada, pero es la verdad. El desafío para todos, y la causa de Catorce 6, es hacer los mayores esfuerzos por brindar información completa y elaborada con rigor, con el fin de recuperar el valor de la verdad y de los derechos preferentes que están planteados en la Constitución Nacional.

Lo evidente en el caso de los hipopótamos es la gran duda que dejó el comporta¬miento de Corantioquia al otorgar el permiso de caza de control antes de convocar a los actores del SINA, al menos para encontrarle una salida al problema. La Ley 99 de 1993 definió con sabiduría y mucha claridad la amplitud del Sistema Nacional Ambiental; pero para aprovechar sus bondades y cumplir la ley es necesario contar permanentemente con una actitud institucional abierta, participativa y transparente, lo que faltó en este caso. Corantioquia entonces le otorgó un contrato a la Fundación Vida Silvestre Neotropical, que realizó la solicitud de caza de control. Reconocemos en Catorce 6 (y hemos hecho informes) las graves consecuencias que traen las especies introducidas; sin embargo, había opciones en este caso. ¿Cómo pudieron leer los niños y adolescentes, a quienes les insistimos sobre la protección y conservación, la muerte de semejante animal a balazos?

Por otra parte, dejó una duda preocupante el dolor de la mayoría por la muerte de los hipopótamos, que no apareció cuando ocurrieron los falsos positivos. No hubo una reacción de igual magnitud. Lo mismo se puede decir del resto de las especies en peligro de extinción, ellas sí nuestras, pues ni quienes las comercian y las compran sufren ataques y censuras como los que recibió Corantioquia por el hecho. Pero lo más triste fue haber visto líderes de opinión unidos contra Corantioquia, sin brindarle al país un análisis sosegado del caso y sí buscando dividendos políticos.

El caso del supuesto brazo del arroyo León en Barranquilla ha sido también tema para estudio por las distorsiones, quizá por intereses, el cual involucraba unos supuestos daños ambientales y que produjo una multa cuantiosa del Damab (autoridad ambiental distrital) a una empresa. Hoy para la opinión pública no es clara la verdad, debido a las diversas versiones alimentadas por distintos grupos. La Corporación Bioparque, que edita Catorce 6, elaboró un estudio técnico que se presenta en esta edición, cuyos resultados son concretos. Las expectativas económicas y quizá otros intereses produjeron este ambiente distorsionado, así como percepciones que alimentan conflictos, a todas luces innecesarios en nuestro ya adolorido país