Agua y control

Entre 2007 y 2008 el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, a cargo de Juan Lozano, logró la aprobación de normas constitucionales y legales que atacan el origen del problema de la falta de agua potable en por lo menos 400 municipios colombianos. Las normas expedidas son de gran importancia para asegurar el derecho a la salud planteado por la Constitución de 1991, en particular de las poblaciones más pobres. Sin embargo, no faltará quien diga que revierten la descentralización planteada en esta misma, o que propician un modelo “neoliberal” para la prestación del servicio de agua potable y saneamiento.

El eje de las reformas hechas por el ministerio lo da la inclusión del servicio público domiciliario de agua potable y saneamiento entre las prioridades de financiación del Sistema General de Participaciones (SPG), que antes lo excluía. Este acto legislativo, el 04 de 2007, también le ordena al gobierno nacional definir una estrategia de seguimiento y control al gasto ejecutado por las entidades territoriales con los recursos de transferencias, para asegurar el cumplimiento de las metas de cobertura y calidad. Esta norma constitucional exige la cobertura universal del servicio público de agua potable y saneamiento a los municipios de categorías cuarta, quinta y sexta, antes de que puedan invertir en otras cosas los recursos de propósito general del SGP. Las disposiciones anteriores abrían un boquete a través del cual muchos alcaldes de municipios sin agua potable invertían en asuntos diversos, olvidándose de las poblaciones necesitadas.

En estos casos las inversiones eran legales pero sin duda no eran éticas. Estos alcaldes faltaban a sus responsabilidades con las poblaciones vulnerables, con el fin de orientar los recursos a su antojo.

Para complementar la transformación del sector, el ministerio logró la aprobación de la Ley 1176 de 2007, que les asigna recursos y competencias a los departamentos en materia de agua potable y saneamiento, en particular para estructurar esquemas regionales de prestación de servicios y de cofinanciamiento.

Esto contribuye a la eficiencia a través de diseños técnicos y del uso racional de los recursos. El gran problema del ordenamiento territorial en Colombia, que se origina en que la unidad básica son los municipios, sin que exista una planeación más amplia, se supera con esta norma, al menos en el frente de la provisión de agua potable.

Como novedad se incorpora el instrumento de la certificación de municipios y distritos por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos.Ésta medirá obligaciones legales que se han incumplido de manera reiterada por parte de muchos de ellos, aun los más grandes, como la adecuada y completa financiación del servicio a través de la apropiación de recursos, de la creación del fondo de solidaridad y redistribución de ingresos, la aplicación de la estratificación socioeconómica según la metodología nacional, y el equilibrio entre subsidios y contribuciones. La descertificación conllevará que los recursos pasen a los departamentos.

Finalmente, en la ley del Plan de Desarrollo se estableció que serán necesarios tanto los compromisos de transformación empresarial como la concurrencia de recursos de regalías y del SGP en los planes departamentales de agua potable para contar con la financiación del gobierno nacional.

Estas reformas, realizadas por el Viceministerio de Agua a cargo de Leyla Rojas, atacan en el punto justo el problema de la falta de agua potable en tantos municipios colombianos. Éstas no atentan contra la descentralización sino que, por el contrario, fortalecen a las entidades territoriales al asegurar la prestación eficiente y eficaz de un servicio de su responsabilidad, ansiado durante décadas por la población más vulnerable. La transformación empresarial y la participación de operadores especializados, sean privados o públicos, es estrictamente necesaria por la historia de clientelismo y corrupción construida por el manejo dado por los municipios o distritos, salvo pocas excepciones donde está la destacada experiencia de Bogotá.

Calificar esta estrategia de neoliberal conduce a un grave equívoco, a las entidades territoriales a seguir incumpliendo su deber de proveer del servicio de agua potable y saneamiento a todos los ciudadanos.