FINANCIACIÓN PARA REMEDIAR PASIVOS AMBIENTALES

Catorce 6o presentó en su tercera edición la información que ha podido recoger el Ministerio de Ambiente en materia de residuos peligrosos, en particular contaminantes orgánicos persistentes (COP), enterrados.

Esta problemática, con graves consecuencias en la salud y en el ambiente, debe abordarse con el rigor que exige el manejo de todos los tipos de residuos peligrosos. Colombia tiene una herencia de estos materiales, que no se ha podido dimensionar con exactitud pero que se supone grande, originada en su proceso de desarrollo que, para todos es claro, careció de la visión ambiental.

Los colombianos de las generaciones del siglo XX, el periodo de nuestra industrialización, siempre nos imaginamos que todos nuestros recursos naturales eran ilimitados y, además, que se autorremediaban cuando los afectábamos. Fue la inmensa generosidad del Creador, que nos dio tal opulencia, la que construyó en nuestro imaginario colectivo recursos ilimitados con el don de la autosanación.

Fueron muchas las irresponsabilidades que se cometieron en el periodo de nuestra industrialización. Por ejemplo, resulta inverosímil la estrategia de enterramientos y abandono que llevó a cabo la Federación Nacional de Algodoneros con sus agroquímicos.

Hoy, esta entidad se encuentra en liquidación y les dejó el problema al país, a los habitantes de las zonas vecinas a los lotes donde los enterraron o abandonaron, a las aguas subterráneas, a quienes les entregaron en dación de pago estos predios, a las autoridades ambientales, y no hay un solo responsable entre quienes usufructuaron el cultivo del algodón.

Son varias las versiones que circulan sobre el origen del elevado volumen de insumos que quedó cuando la federación entró en liquidación.

Dicen que el inventario era alto cuando se presentó la crisis, porque la plaga era fuerte y los vendedores de los agroquímicos recomendaban aplicar dosis más altas cada vez que se acercaban a tomar pedidos.

También hacen referencia a comisiones pagadas por los proveedores a quienes estaban encargados de hacer las compras de estos insumos, con las cuales se aumentaron los volúmenes. Por otra parte, se habla de insumos comprados en la China a proveedores que no asumían la responsabilidad sobre este tipo de sustancias peligrosas. Cualquiera que sea la verdad, en ciertas condiciones se puede, técnicamente, rastrear la huella de los materiales enterrados o abandonados, para conocer al productor y sus condiciones químicas y físicas. Con éste y con quien desarrolló la actividad económica claramente lesiva para el interés general, se puede empezar a trabajar mancomunadamente en el proceso de saneamiento de este grave problema.

La decisión gerencial de enterrar o abandonar estos insumos es un lamentable ejemplo de desempeño empresarial.

Ahora se presenta una oportunidad con la Ley 1151 de 2007 del Plan de Desarrollo, en la cual el ministerio incluyó un artículo que permitirá crear una subcuenta en el Fondo Nacional Ambiental (FONAM) para financiar “… proyectos de inversión y obras de recuperación, rehabilitación y restauración de ecosistemas o áreas afectadas por contaminación o daños ambientales”. La fuente de estos recursos serán el 50% de las indemnizaciones impuestas por daños ocasionados al medio ambiente, y los recursos que por donación o a cualquier título reciba. Para la vigencia fiscal de 2008, no le fue posible al ministerio apropiar recursos; sin embargo, es necesario reglamentar este artículo para comenzar a sanear los pasivos ambientales del país, con la concurrencia de todos los actores.

Colombia cuenta desde hace años con una normatividad específica sobre residuos peligrosos.

Por ejemplo, en la Resolución 2309 de 1986 del Ministerio de Salud, se definieron los requisitos para el almacenamiento de residuos especiales y el trámite para la Autorización Sanitaria en almacenamiento. ¿Qué pasaría con el cumplimiento de esta norma en el caso de los plaguicidas de la época del algodón? Nuestro país dio un salto en la normatividad de residuos peligrosos con la ratificación del Convenio de Basilea a través de la Ley 253 de 1996, y la expedición de la Ley 430 de 1998 y las normas que siguieron. No obstante este grave problema continúa sin resolverse después de tantos años.

Febrero es el mes en que alcaldes y gobernadores tienen que construir los planes de desarrollo. Ésta es una oportunidad para sentar las bases de poblaciones sostenibles, que contribuyan a la superación de la pobreza.

Si éstos saben articular las variables ambientales, económicas y sociales, en la construcción de sus planes de desarrollo estarán haciendo un aporte sustancial a las futuras generaciones. Y si además estimulan la participación de comunidades, el sector privado y la academia, estarán construyendo la nueva institucionalidad que requiere la Colombia sostenible del siglo XXI.