PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES

Recientemente la unión temporal Ecosecurities – Corporación Ecoversa, contratada por el Ministerio de Ambiente, entregó la propuesta de Estrategia Nacional para el Pago por Servicios Ambientales.

Esta estrategia interpreta las expectativas de muchos grupos de colombianos, conscientes de la importancia mundial de nuestro país en materia de biodiversidad y del grave menoscabo de ésta.

Quizás el grupo más visible de éstos es el de los innumerables propietarios, tenedores o poseedores de tierras en zonas rurales sin recursos económicos, preocupados por la conservación del ecosistema donde están ubicados, el cual brinda servicios ambientales en progresivo deterioro. Todos sabemos cómo la mayoría de las actividades del ser humano, sean de orden económico o de cualquier índole, ocasionan impactos negativos en los ecosistemas y, en consecuencia, en los servicios ambientales que éstos brindan.

También es de público conocimiento que las normas ambientales y las de usos del suelo resultan insufi cientes, como se observa en el adelgazamiento de caudales, la desertización, la colmatación de cuerpos de agua, la deforestación y tantos otros casos críticos que padece nuestro país.

Ante esta realidad lo que se requiere es la voluntad de las personas para realizar acciones complementarias de hacer o no hacer, que contribuyan a la generación, aumento o mantenimiento de los servicios ambientales requeridos. Muchas veces los propietarios u ocupantes de este tipo de tierras carecen de dinero, por lo que se hace necesario defi nir un mercado que remunere los servicios ambientales.

Pero también hay propietarios con sufi cientes recursos económicos, y que su ingreso de oportunidad está en una actividad que deteriora el ecosistema y por ende los servicios ambientales, en detrimento de los benefi ciarios. Aquí es donde el artículo 8º de la Constitución es casi letra muerta, porque defi ne que los recursos naturales renovables son de propiedad de la Nación, y por tanto, los bienes y servicios ambientales que éstos proveen también.

La situación es en extremo compleja y esta estrategia nacional es un aporte signifi cativo para la conservación ambiental.

La estrategia no prevé el pago por un recurso natural, sino por el mantenimiento, aumento o provisión de un servicio ambiental. Para ello debe determinarse con claridad si el proyecto que plantea el pago contribuye al mejoramiento de la oferta ambiental. La propuesta defi ne que el pago por servicios ambientales se realice a través de proyectos locales o regionales, y propone que interactúen los actores llamados a desempeñar un papel en el desarrollo de este mercado.

Defi ne como proveedores a los propietarios o poseedores de un predio, como operadores a las organizaciones que por su capacidad técnica y organizativa son responsables de la implementación del proyecto, y como compradores a quienes aportan los recursos para la fi nanciación.

Los operadores pueden ser públicos o privados y deberán registrar el proyecto ante la autoridad ambiental regional ya que sólo los proyectos registrados pueden aplicar a recursos públicos para su fi – nanciación o para certifi car sus servicios ambientales.

La restricción legal más importante es que los proyectos no deben incluir actividades impuestas por autoridad competente o que sean obligaciones legales, deben ser actividades voluntarias del proveedor del servicio.

Las fuentes de fi nanciación son siempre la inquietud más grande. Entre éstas se encuentran los recursos de cooperación internacional o créditos de entidades multilaterales; recursos internacionales de origen privado canalizados a través de ONG internacionales como Conservación Internacional (CI), The Nature Conservancy (TNC), World Wildlife Fund (WWF); recursos del presupuesto nacional a través del Ministerio, o rentas propias, entre otros.

Esta propuesta de estrategia nacional es entonces un salto en los instrumentos disponibles para la conservación ambiental, que merece la atención concienzuda y rápida del Ministerio, de manera que se pueda expedir un documento de política y un decreto del orden nacional lo antes posible.