Cecilia Rodríguez González-Rubio

Presidenta

Hace 200 años se vivía un ambiente de ebullición intelectual y había un reconocimiento interesante a las inmensas riquezas naturales de la Nueva Granada. Desde 1783 se estaba desarrollando la Expedición Botánica dirigida por Mutis, el sabio Caldas lideraba temas de geografía, climatología, astronomía; y Humboldt, considerado el padre de la geografía universal, llegó estas tierras. Historiadores califican todo esto como precedente directo que alimentó el ánimo independentista del momento. La historia del estado de nuestros recursos naturales es muy interesante y ayuda a entender su situación actual. Sin embargo, lo que más se percibe hoy es una suerte de desgaste entre los adultos de los temas que tienen que ver con nuestra riqueza natural, y un gran interés entre los niños y jóvenes. También se presenta una lamentable ausencia de políticas ambientales entre las prioridades de los programas de los candidatos presidenciales.

Sin lugar a dudas la realidad ambiental de Colombia es el fruto del ánimo expansionista español por tierras y riquezas, y el desarrollo espontaneo determinado por intereses de diverso orden. Por ejemplo los cerros orientales de Bogotá hoy son bellísimos frente a lo que eran en 1801 cuando Humboldt los describió como “una muralla de rocosas casi verticales”. Los españoles arrasaron con los cedros para mobiliario y enchapes de templos, y con los nogales porque los indios los adoraban. Toda la madera se utilizaba para construir, cocinar y hornear. Por ello a comienzos del siglo XIX la falta de bosques afecto tanto el ecosistema que Bogotá se quedo sin agua. ¿Será que esta historia nos sirve para algo? ¿No valdrá la pena reflexionar y distinguir entre los proyectos de minería con criterios de sosteniblidad y responsabilidad, y los que no cuentan con ellos? ¿los de explotación petrolera?

La Constitución adoptada en 1991 es el gran quiebre de nuestro devenir ambiental. En ella se pasa de la responsabilidad por la gestión del ambiente en cabeza del Estado, a una responsabilidad compartida con los ciudadanos. Aparece para los ciudadanos el derecho a un ambiente sano y el deber de proteger las riquezas naturales de la Nación, principio que fundamentó la denominada función ecológica de la propiedad. Los ciudadanos tienen el derecho a construir riqueza, cumpliendo con una función en beneficio de la colectividad.

Después de 200 años de mirar los recursos naturales desde la variable económica, es la hora de que ciudadanos y empresas incorporemos a esa variable una que los asegure para esta y las futuras generaciones, que es la variable de la sostenibilidad.