Escena típica de colonización en torno a cultivos de café.

La cultura depredadora de los recursos naturales nos viene a los colombianos por herencia. ¿De cuándo?

En 1931, Colombia vivía todavía los rezagos  de la Gran Depresión del 29, que había afectado al mundo. Enrique Olaya Herrera, presidente recién elegido, buscaba fórmulas para tapar el enorme boquete fiscal que había encontrado tras su posesión y tomó decisiones que fueron el comienzo de la sentencia de muerte de los bosques del centro, norte y oriente del país.

Su equipo de gobierno se concentró en encontrar el método que le permitiera reducir la caída de la producción agrícola que Colombia le vendía al resto del mundo, y que ya nadie le compraba. En ese momento,las grandes fuentes de ingreso parecían agotadas: el Magdalena Medio ya no producía la quina que había sido fruto de riqueza y que produjo el abatimiento de 25 mil árboles anuales; el caucho llevó a colonos a la Orinoquia, el Pacífico y la Amazonia colombianas, hasta el total arrasamiento de la planta y de buena parte de las etnias de las regiones, pero ya había pasado su fiebre.

Ciudades como Villavicencio le abrían campo al ganado, aunque quedaban a ocho días de distancia de Bogotá; el café había dominado los cultivos de la zona andina central y continuaba expandiéndose, pero había comenzado a frenar su empuje. Así que el Gobierno tomó una decisión radical: desarrollar la industria nacional.

Lo rural se veía en ese momento como un estado primario previo al desarrollo. Colombia, con un fervor renovado, miró a Europa para definir su destino, y quiso diseñar un país similar a los del viejo Continente, con pueblos desarrollados e interconectados y centros urbanos de gran proyección. Un estadounidense, Edwin Kemmerer, fue el encargado de rediseñar la política económica del país en su segunda misión en estas tierras, luego de una primera venida en 1923. El país, anhelando parecerse a Europa y siguiendo parámetros estadounidenses, comenzó además a afrontar una década de luchas campesinas por la tierra.

En el marco de sus propósitos, el Estado expidió ese año la Ley 93 que fomentaba la deforestación, la colonización y la explotación forestal, sin considerar la sostenibilidad a futuro de los ingresos que esta política produciría. El hecho de que Colombia fuera todavía un país rural fue visto como una señal contraria al progreso, y la ley abrió la posibilidad de arrasar los bosques para fomentar el crecimiento económico.

Estas medidas estimularon la economía extractiva que no les aseguraría ingresos futuros a los productores y demostró una estrecha y muy común visión de los gobernantes, que pensaban que los recursos eran ilimitados. Además, el desarrollo del país se cobijó bajo un modelo proteccionista dedicado a abastecer el mercado interno y que terminó por elegir una estructura de producción débil y ambientalmente costosa, donde además se utilizaban tecnologías contaminantes y modos de producción basados en el uso ineficiente de los recursos naturales. Según anota el catedrático Germán Sánchez, el país sufrió como consecuencia un incremento inusitado de aguas residuales y de residuos tóxicos. Paralelamente, el desarrollo de la industria a una escala artesanal y el crecimiento de la ganadería afectaron la biodiversidad.

Pero había una razón más de fondo. Los colombianos conservaban el legado de los españoles, de que la vegetación era un obstáculo por vencer y la naturaleza un enemigo por dominar; la tradición

de abrir monte con machete y establecerse con un asentamiento se entendía todavía como el predominio del hombre desarrollado sobre lo salvaje. Los animales eran vistos como presas de caza o exhibición, y lo exótico era despreciable, porque se alejaba de los ideales franceses o estadounidenses que los colombianos anhelaban en ese entonces: el contexto no favorecía al medio ambiente.

Así que cuando en 1936 se promulgó la Ley 200, que contemplaba incentivos para la deforestación de “tierras incultas” y era objetivo del Estado ponerlas al servicio de las actividades agrícola e industrial y la urbanización, el problema se agravó. Esta ley es considerada por Gustavo Guerrero –director del Centro de Estudios en Política y Legislación Ambiental (Ceplac)– como la primera reforma agraria en Colombia.

El gobierno de Alfonso López Pumarejo le apostó al desarrollo de centros urbanos, a la siembra de productos básicos y a la ganadería, como su predecesor, pero además estableció que quien tuviera

una tierra debía explotarla económicamente. El que no lo hiciera, sería expropiado. La realidad fue que como se dieron 10 años para devolver la tierra, la expropiación no se cumplió, y por esa misma gracia quedaron saneados los casos de mal manejo. Simplemente, se tumbaron los árboles y el monte, la estrategia no resultó en explotaciones sostenibles agrícolas o ganaderas que salvaran

al país de la crisis económica. Pero la más grave consecuencia de haber dictado leyes que no contemplaban la realidad nacional en su complejidad social fue que los terratenientes, ante el temor de que los arrendatarios y aparceros pudieran quedarse con sus tierras –por ser los encargados de hacerlas productivas–, decidieron expulsarlos y administrar ellos mismos sus propiedades. La situación fue el caldo de cultivo para la aparición de las guerrillas cuando los campesinos se sintieron abandonados.

El bosque en su estado natural pasó a convertirse en un motivo de conquista para ganar más tierras, y se convirtió más que nunca antes en sinónimo de poder: dueños de tierras y colonos talaron indiscriminadamente para obtener más tierras y mostrarlas como productivas. Regiones como el Pacífico fueron entregadas a madereros para que ocuparan terrenos

que para el Estado eran baldíos, aunque realmente estuvieran ocupados por comunidades negras, y la extracción maderera se llevó a gran escala. La ley de buenos propósitos terminó siendo una daga en nuestro propio cuello. Y eso que hacía salvedades importantes. Prohibía talar bosques en las vertientes de aguas y establecía zonas de reserva forestal. Pero de la ley al hecho, poco hubo. Solo algunas comunidades campesinas, indígenas o afrocolombianas en diversas regiones del país se organizaron para afrontar los problemas ambientales a una escala local.

Para Darío Londoño, ex director de la CAR, uno de los lugares que con más dureza sufrió la falta de una política ambiental fue la laguna de Fúquene. Y se remonta al decreto 1279 de la Ley 25 de 1908, que pagaba obras con bosques y aceleró la deforestación. “Sólo para hablar de la laguna, hace más de 124 años se comenzó a incentivar la desecación de la laguna.

En el gobierno del presidente Rafael Reyes se pagaban 23 pesos por hectárea desecada. Fúquene pasó de tener 6.600 hectáreas a solo 2.500”, explica. Un canal construido para desecarla –el París– permitió que grandes porciones de tierra fueran ganadas para la ganadería y los cultivos. El junco, principal recurso artesanal, ha crecido en tal magnitud que ahora la laguna vive ademásun proceso de eutroficación, al que se le suman las 150 mil cabezas de ganado de la zona, que aceleran el deterioro del agua.

Londoño considera que el país “se comenzó a fregar ambientalmente desde la llegada de los españoles. Nuestros antepasados indígenas explotaban la tierra sólo para lo que necesitaban. Los españoles, en cambio, la adjudicaron y pusieron a los mismos indígenas a trabajarla”. La herencia de esa mentalidad marcó la forma en que los habitantes de esta nación definieron su relación con el entorno, al punto de que en este momento apenas 8 millones de hectáreas se encuentran dedicadas al mantenimiento de bosques naturales y de plantaciones forestales.

Sólo hasta 1974, con la promulgación del decreto Ley 2811, que expidió el Código Nacional de losRecursos Naturales Renovables, el país comenzó a salir del letargo. La Constitución del 91 consagró la corresponsabilidad entre los ciudadanos y el Estado en la protección de los recursos naturales. Sin embargo, el hecho de haber considerado como improductivos a los bosques y de haber incentivado la propiedad privada en esas tierras determinó su destino.

Las primeras leyes de explotación sin resarcir los daños causados continúan en la mente de muchos colombianos como si todavía viviéramos en la década de los años treinta.