Cecilia Rodríguez González-Rubio

Presidenta

Con la expedición en el año 2007 de la Ley del Plan de Desarrollo del gobierno, del Estatuto de Desarrollo Rural del mismo año y de la ley General Forestal de 2006, es posible en Colombia estructurar esquemas de pago por servicios ambientales.  Campesinos y cualquier propietario o poseedor de tierras con alto valor biótico, podrá encontrar incentivos para conservarlas o restaurarlas. Este marco jurídico ha sido un viejo anhelo de muchos ciudadanos enfrentados a la presión de significativos ingresos de oportunidad provenientes de diferentes cultivos como el de la papa en los páramos, del aprovechamiento insostenible de la madera de bosques o del relleno de humedales para contar con más tierra urbana o arable. A pesar de este importante avance, las normas expedidas todavía requieren de reglamentación para que se genere un mercado real alrededor de la conservación. Este mercado solo se podrá generar cuando con base en reglas claras surjan proyectos de pago por servicios ambientales originados en compradores de un servicio determinado y proveedores de los mismos, en los cuales se definan acciones o no acciones que permitan generar, mantener o aumentar un servicio ambiental en un ecosistema. Dentro de los compradores deben estar los municipios y departamentos quienes tienen obligaciones ambientales que siempre han soslayado en grave detrimento de la sostenibilidad de las regiones, tan diversas entre sí en nuestro país.

Colombia, país megadiverso, con una normatividad ambiental de clase mundial, tiene reconocidas condiciones sociales y económicas que amenazan permanentemente la conservación de nuestros recursos naturales. Son la pobreza en las zonas rurales, la presión del crecimiento urbano e industrial en zonas con fragilidad institucional,  los cultivos ilícitos así como los tradicionales de manera insostenible, y la poca decisión de los alcaldes de resolver el problema de las aguas residuales.

Desarrollar un modelo económico que les permita recibir su mejor ingreso de oportunidad a campesinos, particulares, comunidades organizadas por proteger recursos naturales que son patrimonio de los colombianos y de todo el mundo, es de alta prioridad en las políticas públicas pendientes. Esto también nos hace estar atentos a las decisiones de la cumbre de Copenhague, porque todos conocen que a Colombia no solo la afecta sus condiciones socio-económicas, sino el efecto global de los gases efecto invernadero, tanto en los casi cuatro mil kilómetros de costas como en nuestras cada vez más pequeñas nieves perpetuas.

Destacado: Colombia tiene reconocidas condiciones sociales y económicas que amenazan permanentemente la conservación de nuestros recursos naturales.